Colegio Oficial de Médicos de Albacete

El nuevo negocio de la decrepitud

12/07/2007 10:56:11

El País 12/07/2007

Se ha cerrado el círculo. Todo empezó con esas ayudas exageradas a la adquisición de vivienda, unidas a los bajos tipos de interés. La concesión de dinero en forma de deducciones fiscales no podía sino empujar al alza los precios en ese sector. Mayor demanda especulativa, mayor necesidad de inmigrantes para construir pisos horrendos. Mientras, los jóvenes autóctonos se veían sin futuro y decidían no procrear. Nuestros gobernantes callaban, y les importaba una higa la aparente esterilidad de sus hijos. Ahora, de repente, se han dado cuenta de que... No, no de que se dejaron llevar por la codicia, sino de que se están haciendo viejos. Acabado el boom del ladrillo -un ingenioso mecanismo de obtención de descomunales plusvalías por el que los inmigrantes, al comprar o alquilar el fruto de su trabajo, acaban comiéndose su propio cemento, en aras de un crecimiento económico que se supone que a todos beneficia-, llega el principio del boom de la asistencia a esos ancianos que impidieron que sus hijos tuvieran hijos. La Ley de Dependencia consagra el mismo mecanismo de dilapidación del dinero público que supone la desgravación indiscriminada por compra de vivienda. Miles de buitres están ya frotándose las manos, sabedores de que el dinero que el Estado va a invertir para aplicar esa ley irá a parar directamente a su bolsillo, al igual que las ayudas a la vivienda, vía encarecimiento de los pisos, han ido y siguen yendo a parar a las cuentas bancarias de todo tipo de especuladores.

Y mientras los ciudadanos, encandilados por la gesticulación política del momento, no reparan en que hace ya tiempo que el Gobierno de este país -de derechas o de izquierdas, tanto da-, falto de competencias, de ganas de recuperarlas y del par de elementos que hay que tener para subir los impuestos cuanto sea necesario para asumir él mismo las obligaciones propias del Estado asistencial, decidió resolverlo todo tirando de billetera, como un chulo de barrio.

El negocio de las dependencias

10/07/2007 0:00:00

El País, 09.07.2007

Empresas especializadas en servicios sociosanitarios buscan 300.000 profesionales para prestar las atenciones previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal.

El Estado de bienestar inicia este año en España una nueva y complicada aventura: poner en marcha a partir de 2008 el sistema nacional de atención a las personas dependientes, creado por la conocida como Ley de Dependencia (de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia). Su objetivo final es la extensión del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) a casi millón y medio de ciudadanos con distintos grados de incapacidad para valerse por sí mismos.
"Con el SAAD nace una nueva dimensión económica y social", afirma Javier Benavente

El 70% de las personas dependientes vive hoy en el entorno familiar, al cuidado de mujeres
Gobierno y empresarios especializados en prestar servicios sociosanitarios calculan que para afrontar este enorme reto se necesitarán unos 300.000 profesionales. No los hay en el mercado laboral, ni siquiera buscando fuera de España. Pasarán años antes de prepararlos, pero este cuarto pilar del Estado de bienestar (los tres primeros son Sanidad, Educación y Pensiones) no puede esperar tanto. Ya hay varias empresas -incluso alguna constuctora- preparándose para prestar un servicio que promete negocio de miles de millones anuales, y también influencia.

Cada año hay en España 150.000 personas que cumplen 65 años. El grupo de españoles con 85 y más años crecerá un 80% en las dos próximas décadas. Y el de 20 a 34 años perderá casi un tercio de sus efectivos. Teniendo en cuenta la implacable correlación entre edad y dependencia, la cifra de españoles con derecho en el futuro a recibir las ayudas del SAAD se dispara cada día. El 32% de las personas mayores de 65 años tiene algún tipo de discapacidad, frente al 5% del resto de la población.

El presidente de la Fundación Alares, Javier Benavente, que lleva años en el sector servicios con programas de asistencia familiar y de conciliación laboral, familiar o personal, y que es ahora pionero en el de la dependencia, reconoce la suma complejidad que supone la creación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Pero es optimista.

"Con el SAAD nace una nueva dimensión económica y social. Aparecerán nuevas demandas que habrán de atenderse desde nuevos negocios y servicios, y con fórmulas organizativas, tecnológicas y de respuestas personales y profesionales. Pronto se verán cumplidos los pronósticos de los estudios previos sobre lo que va a significar económicamente el SAAD, no sólo en los empleos a crear y en los retornos empresariales y fiscales subsiguientes, que rebajarían la aportación del PIB que hay que destinar al SAAD. Esas expectativas se verán desbordadas al alza", sostiene el empresario Benavente.

En todo caso, el nuevo pilar del Estado de bienestar resulta imparable. Es más, llega a España con retraso, en comparación con los grandes países de la UE. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de 2004, el 68,5% de los españoles citaba el apoyo a las personas dependientes entre las tres medidas que debía tomar el Gobierno para facilitar la vida familiar. Un 70% se mostró incluso partidario de asumir subidas de los impuestos si se dedicaban a incrementar este tipo de servicios sociales.

En la puesta en marcha del SAAD están implicados el Ejecutivo central, que pone el 50% del dinero, y los Gobiernos autónomos, que deben aportar el otro 50% porque tienen transferidas las competencias en esas materias. Se trata de miles de millones de euros en más gasto social cada año. Pocos expertos se atreven a hacer el cálculo, ni siquiera aproximado, pero hay esta reciente orientación solemne: el Congreso de los Diputados aprobó el miércoles pasado, al final del debate conocido como del estado de la nación, una resolución obligando al Gobierno a destinar en 2008 mil millones más de los previstos inicialmente para el SAAD. La votación fue promovida por Izquierda Republicana de Cataluña (ERC). El PP votó a favor y el PSOE se opuso. Antes, a propuesta de socialistas, IU-ICV y Chunta Aragonesista, se había aprobado otra resolución que instaba al Ejecutivo socialista a aumentar en un 25% el dinero "previsto" para empezar a aplicar la Ley de Dependencia en 2008.

"Todos los que aprobamos esta ley estamos preocupados por su despliegue. Sabemos lo importante que es que el SAAD satisfaga las expectativas creadas". Esto dice la resolución de los republicanos catalanes, conscientes de que las comunidades autónomas no disponen de dinero suficiente "para llevar a cabo la ingente tarea que han asumido".

No se sabe cuánto dinero costará el SAAD en el primer año de su desarrollo, pero sí quién ha de ponerlo sobre la mesa: el Estado (central y autonómico), vía impuestos; y las personas dependientes, en función de su nivel de renta. La infraestructura del servicio correrá a cargo, en su inmensa mayoría, de la empresa privada. "Habrá grandes oportunidades para las iniciativas rentables y para demostrar que la solidaridad también contribuye a la competitividad económica, amén de hacerlo a la calidad social", afirma el empresario Benavente.

Además de Alares, que cuenta hoy con 400.000 beneficiarios de sus servicios de atención a la familia dentro del programa Conciliación Familia-Trabajo, actúan en ese sector y, por tanto, se preparan también para abordar el reto del SAAD, empresas como Eulen, Mapfre Quavitae, Sanitas, Sar, Amma Gerogestión, Ballesol, Concilia, Caser, Mas Vida Red, Antikua, Icas, HealthCare o Behavioral. Algunas de estas empresas tienen sus propias escuelas de formación de nuevo personal.

Hoy hay en España 1.125.190 personas dependientes (de las cuales 826.500, aproximadamente, tienen más de 65 años), pero en el año 2010 serán 1.254.429. Una década más tarde, en 2020, los españoles dependientes con derecho a ayudas del SAAD sumarán 1.496.226. El 70% de las personas dependientes vive en el entorno familiar; el 15% alterna sus cuidados entre los diferentes hijos; el 3% vive solo, aunque supervisado (ayuda a domicilio), y el 12% vive institucionalizado en residencias.

El reto de la igualdad efectiva

08/07/2007 0:00:00

El País, 09. 07. 2007

"No puedo resolver problemas con las mismas herramientas que los crearon". Esta frase de Einstein le sirve a la profesora Myrtha Casanova, del Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, para argumentar la necesidad de acudir a "estrategias innovadoras" para resolver nuevas y constantemente cambiantes necesidades. "Hoy no sólo es preciso gestionar el cambio, es aún más crucial asimilar su velocidad", sostiene.

Myrtha Casanova es una de las premiadas por la Fundación Alares, esta pasada semana, por sus aportaciones a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Alares -distinguida por el Inserso, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por su trabajo en ese campo- es una de las pocas empresas que prestan en España este tipo de servicios.Se trata de un reducido sector, ahora mismo desbordado por las expectativas creadas por iniciativas legislativas muy relacionadas entre sí: las conocidas como ley de Igualdad y ley de Dependencia. El 84% de los cuidadores de personas dependientes son hoy mujeres. Tienen una edad media de 53 años y dedican 10,6 horas diarias a esa atención, que se prolonga unos ocho años.

Con esas circunstancias, no extraña que el 61% de esas cuidadoras tengan graves problemas profesionales y económicos, como pérdida del empleo (11,7%), reducción de jornada (11,2%), incumplimiento de horarios (10%) y resentimiento de su vida profesional (7%).

Esto choca de forma radical con la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, de marzo pasado, y tiene que ver con la puesta en marcha de la llamada Ley de Dependencia. Ya dijo Marx que el progreso social se mide por la posición que ocupa la mujer en una determinada sociedad. Se ha avanzado mucho, pero hay cifras que desaniman el optimismo. Dos de cada tres nuevas empresas las montan en España mujeres. Ellas crean el 70% de los nuevos empleos. Pero sólo el 2% de los puestos de decisión en las empresas están hoy ocupados por mujeres.

Hay ofertas en el mercado -para empresas sobre todo, pero también para particulares- que amortiguan las situaciones de desigualdad, con servicios que cubren todas las necesidades de asistencia familiar las 24 horas del día. No pocas empresas los contratan. Saben que una adecuada conciliación de la vida laboral y familiar de sus empleados aporta calidad, prestigio y competitividad. "Estamos en una situación de casi pleno empleo y la gente busca, además de dinero, un buen lugar en el que trabajar. El sueldo es importante en la primera fase; a partir de ahí se valora la flexibilidad de horarios y las ventajas para conciliar su vida", dice el empresario Javier Benavente.

Las empresas que contratan este tipo de servicios -unos cinco euros por empleado, deducibles fiscalmente en un 35%- fidelizan a sus trabajadores y también logran captar a los mejores profesionales. Un 50% del absentismo laboral es por causas familiares; de este, el 25% es declarado por los propios trabajadores y el otro 25% se presupone porque el empleado esconde las razones de su ausencia, especialmente las mujeres.

Un tercio de los ancianos muere esperando una plaza en una residencia

06/07/2007 11:28:33

Gaceta de los Negocios, 5 de Julio de 2007

Un tercio de las personas que solicitan plaza para ingresar en una residencia geriátrica muere antes de que se le conceda. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y la Fundación Edad y Vida han presentado un documento con recomendaciones para el desarrollo de la Ley de la Dependencia, que se aprobó el pasado mes de enero. El informe pretende ser un revulsivo, un acelerador para la reacción química que es la ley, como explicó Luís Martín Pindado, presidente de UDP. Se trata de casos prácticos y retos para la implantación progresiva de una ley que va a beneficiar al 17,8% de la población total, porcentaje de ancianos con algún grado de dependencia a los que dan cobertura UDP y Ceoma. El único interés que tienen estas entidades en presionar tanto al Estado como a las comunidades autónomas estriba en el bienestar de los mayores. En conseguir que no vuelvan a repetirse episodios de maltratos, vejaciones y abusos a personas impedidas. Por este motivo, Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de Ceoma, demandaba una Tolerancia Cero para este tipo de casos. Además, recordó que la calidad del servicio y la financiación van profundamente unidas y que cuando se bajan los precios también se pierde calidad. Esto significa que las consecuencias son para los usuarios, los ancianos son los que se ven obligados a participar en el copago. Y este sistema de financiación afecta de manera importante al principio de universalidad, ya que no todas las personas tienen los mismos recursos económicos. Precisamente eso es lo que solicitan, que se contribuya en función de lo que se tiene en el bolsillo.

Free Movements and Equal Opportunities for All (LivingAll project) activa su página web: www.livingall.eu

06/07/2007 0:00:00

Free Movements and Equal Opportunities for All (LivingAll project) es un proyecto europeo de I+D+i, área 2.4 – dentro del sexto programa marco FP6-2005-SSP-5a, financiado por la Dirección General de Investigación en Salud del sexto programa marco de la Unión Europea.

El proyecto LivingAll (www.livingall.eu ), liderado por ERI Polibienestar Universidad de Valencia (www.uv.es/SocialWelfare) , cuyo project coordinator es Jorge Garcés, tiene como finalidad mejorar el libre movimiento de personas con discapacidad así como su acceso al mercado laboral europeo, estableciendo y proponiendo modelos para mejorar las políticas actuales a nivel nacional y europeo de los Estados miembros de la Unión Europea.

Asociaciones de ancianos advierten déficit y riesgos despliegue la Ley de Dependencia.

06/07/2007 0:00:00

Agencia EFE, 6 de Julio de 2007

La Fundación Edad&Vida, juntamente con las organizaciones de ancianos UDP y FATEC, han advertido hoy en Barcelona de los déficit en el despliegue de la Ley de Dependencia, y han destacado diferentes aspectos sobre los que, a su juicio, se debe incidir para su adecuada aplicación. Estos aspectos se centrarían en conseguir la "agilidad necesaria en un proceso de valoración equitativo a nivel estatal", una correcta "coordinación sociosanitaria", o la creación de "la figura de un gestor" que haga el seguimiento de cada caso e informe a las familias de los afectados. El documento, "La implantación y la gestión del Sistema de Atención a las personas con dependencia en España", ha sido elaborado conjuntamente por las tres asociaciones y será presentado a las diferentes administraciones del Estado, concretamente en Cataluña a "todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes". El presidente de Edad&Vida, Higinio Raventós, ha destacado que el objetivo del informe es que la implantación y la gestión de la futura ley "sea lo más coordinada y eficaz posible". El presidente de la Federación de Asociaciones de Gente Mayor de Cataluña (FATEC), Màrius Cugat, ha dicho por su parte que "no nos parecen alentadoras las aportaciones económicas previstas por el Estado", haciendo un especial hincapié en la necesidad de "garantizar criterios comunes en el conjunto del Estado". La directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), Carolina Homar, ha agradecido por su parte la elaboración del documento por parte de las tres asociaciones -que se han declarado "satisfechas" por la puesta en marcha de la Ley-, si bien ha reconocido la existencia de un "déficit" social. Para Homar, la aplicación de la Ley será sucesiva y ha pedido "esperanza e ilusión" en esta primera fase de despliegue, aportando un mensaje de "seguridad en un momento de incertidumbre". La directora del ICASS ha añadido además que "el 90% de las propuestas ya están previstas", y ha garantizado que los resultados serán visibles "a lo largo del 2008". Está previsto que unos 30.000 catalanes se beneficien de la Ley de Dependencia durante este año 2007, y la Generalitat contará con cerca de 160 técnicos encargados del seguimiento de cada caso.

Bienestar subvenciona a la FVMP para aplicar la ley de Dependencia en los municpios

05/07/2007 12:10:55

ABC. Valencia.19.05.2007

La Conselleria de Bienestar Social ha aprobado una subvención de dos millones de euros para contratar a 181 trabajadores sociales que se destinarán a los servicios locales de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana. Estas ayudas, que serán gestionadas a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), permitirá aplicar la ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ya que las comunidades autónomas son las que tienen la competencia de planificar, ordenar, coordinar y gestionar los recursos necesarios.

Por ello, la resolución aprobada por la Conselleria establece que la FVMP será la que coordinará con Bienestar Social el funcionamiento y seguimiento de las actuaciones en materia de atención a personas en situación de dependencia.

A través de la subvención de dos millones de euros se financiarán los gastos de personal para 2007 derivados del funcionamiento de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, cuya titularidad recaiga en las entidades locales dentro del territorio de la Comunidad Valenciana.

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias será la encargada de seleccionar y distribuir las ayudas económicas a las entidades locales que cumplan los requisitos establecidos con la finalidad de crear un servicio de atención a la dependencia, y que atienda a la población situada bajo su cobertura poblacional.

Para solicitar la ayuda a la Federación, la entidad local deberá acreditar la existencia de un servicio estable de atención a personas en situación de dependencia con la adscripción al mismo de los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

Asimismo, deberá acreditar la contratación de personal con dedicación específica. En este sentido, el personal contratado deberá tener, al menos, la titulación de diplomado universitario en áreas sociales, preferentemente Trabajador Social.

La distribución de la ayuda a las entidades locales se realizará en función del número de trabajadores destinados al servicio, de acuerdo con la cuantía asignada por trabajador y el número máximo que se establece en la resolución.

Ratios

La resolución de la Conselleria establece las ratios de personal adscrito a los servicios de atención a personas dependientes que varía desde un trabajador por cada 40.000 habitantes en municipios con una población superior a 100.000 personas hasta uno cada 15.000 en el caso de las áreas rurales del interior.

80 valoradores de la dependencia se forman en Toledo para aplicar el baremo

05/07/2007 12:08:42

El País. Toledo.18.06.2007

Más de 80 profesionales han participado en la jornada formativa sobre la aplicación del baremo de valoración para personas dependientes, que se ha llevado a cabo en el toledano castillo de San Servando, y en el que han recibido información sobre los pasos a seguir para la evaluación de las distintas situaciones de dependencia, así como la resolución a aquellas dudas que provoca todavía la aplicación de la Ley de Dependencia.

Estos son los primeros profesionales contratados por la Consejería de Bienestar Social, integrantes de los equipos de valoración de las cinco provincias, y que ya se encuentran trabajando con el baremo dando respuesta a las primeras solicitudes tramitadas por los ciudadanos, informó la Junta en nota de prensa.

Entre los nuevos trabajadores hay terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, ATS y trabajadores sociales, contando también con psicólogos. A este respecto, el consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, destacó que «de los profesionales contratados, un 25% son psicólogos, uno de los porcentajes más altos de todas las comunidades autónomas pues queremos apostar firmemente por dar respuesta a aquellas situaciones de discapacidad intelectual, enfermedad mental y niños de 0 a 3 años que entren dentro de la catalogación de dependientes».

Asimismo, Tomás Mañas puso de manifiesto que en las próximas semanas se sumarán a los trabajadores ya contratados otros 45 nuevos profesionales, «hasta llegar completar la plantilla de 130 personas con las que queremos dotar los equipos de valoración, con el fin de que la aplicación de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha sea lo más efectiva y rápida posible».

Tras el curso que recibieron en Toledo estos primeros 80 profesionales, en las próximas semanas una representación se trasladará a León, donde completarán sus conocimientos sobre la aplicación de la Ley en el Centro Nacional de Formación de la Dependencia.

La jornada, que se desarrolló en el castillo de San Servando, estuvo presidida por el director general de Atención a Personas Mayores y Personas con Discapacidad, Javier Pérez, quien destacó el reto que supone la Ley de la Dependencia.

Alertan de que se han cometido robos por falsos evaluadores de dependencia

05/07/2007 12:07:03

EFE. Córdoba.23.06.2007

El Ayuntamiento de Córdoba alertó ayer de la existencia de falsos evaluadores de dependencia que se presentan en domicilios de personas mayores haciéndose pasar por trabajadores sociales que van a valorar su situación de cara a la Ley de Dependencia, método por el que ya se ha cometido algún robo.

El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento alertó en un comunicado de que aún no han comenzado estas tareas de evaluación, previstas en la llamada Ley de Dependencia.

Prohibir el paso

Así, «cualquier individuo que se presente en el domicilio diciendo que va a realizar una valoración para la dependencia, debe ser rechazado y no permitirle el acceso al domicilio, pues ya se hay constancia de algún caso de robo utilizando este engaño».

El Ayuntamiento informó, además, de que a cada uno de los ciudadanos solicitantes de este servicio se les comunicará previamente el día y la hora en que irá a su domicilio el personal autorizado de la Junta de Andalucía que realizará la valoración de su situación de dependencia. Cada funcionario irá además «perfectamente acreditado» para evitar estas intrusiones.

Dependencia, proxectos educativos e socio-sanitarios, a debate en Silleda

05/07/2007 12:04:50

ABC. Santiago. 28.06.2007

A presidenta en funcións do Colexio Oficial de Diplomados en Traballo Social de Galicia, María José Thomas, abrirá mañá en Silleda a II Xornada Familia e Dependencia, organizada en colaboración coa firma de servizos sociais Socyser.

No acto de inauguración tamén estarán presentes o director xeral de Acción Social da Secretaría Xeral do Benestar, Xosé Bieito Seara Formoso, e o director de SOCYSER, Manuel Colmenero Maril. Nesta edición, as tres mesas redondas que conforman a xornada xirarán arredor de tres temas: a Lei de Dependencia, tres experiencias educativas e sociais de apoio á unidade familiar e a coordinación nos sistemas socio-sanitarios.

No seu discurso, Thomas animará aos profesionais a estar na «vangarda» das técnicas de intervención social na área da autonomía persoal, ademais de salientar o «cambio» que experimentou a familia nos últimos vinte anos, cando era o «principal recurso social» á hora de atender ás persoas dependentes.

A titular do Colexio subliña que a nova Lei de Dependencia é «un novo reto que nos vai permitir actualizarnos, formarnos e realizar un esforzo de traballo en equipo con outros profesionais», ao tempo que recoñece que hai outros moitos profesionais que «van traballar con nós» na implantación e desenvolvemento da atención á dependencia.

Los empresarios de residencias de mayores analizan la Ley de Dependencia

05/07/2007 11:55:47

ABC. Córdoba. 28.06.2007

La Asociación Cordobesa de Empresarios de Residencias, Asistencia Domiciliaria y Servicios Sociales para la Tercera Edad (ACERTE) ha analizado con la Dirección General de Mayores de la Junta de Andalucía la aplicación de la nueva Ley de Dependencia en la comunidad.

En estos encuentros, que seguirán celebrándose durante los próximos meses, empresarios y Junta de Andalucía han dedicado «especial atención» a la integración de los centros de atención a mayores, actualmente autorizados por la normativa vigente para la prestación de servicios al mayor, en la Red de Centros de Servicios Sociales que integrará el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Para la asociación empresarial, es «prioritario» conseguir que la mayor parte de los centros de servicios sociales de Córdoba pueda tener la posibilidad de formar parte del Sistema de Atención a la Dependencia.

El Ayuntamiento ya ha recibido 1.536 peticiones de ayudas a dependientes

05/07/2007 11:54:12

ABC 01.07.2007

CÓRDOBA. El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Córdoba ha recibido hasta la fecha un total de 1.536 solicitudes de prestaciones para personas que se encuentran en situación de dependencia. Este mes estarán listas las primeras resoluciones, que generarán el derecho a percibir un servicio o recurso tendente a atender a ciudadanos que no pueden valerse por sí mismos.

Por distritos, Levante, con 230 peticiones, seguido de la Fuensanta, con 182, y Moreras, con 179, son las zonas que más instancias han registrado.

Según los últimos datos facilitados por la Delegación de Igualdad, Bienestar y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, en la capital hay aproximadamente 3.000 personas con un alto grado de dependencia.

Ya se han incorporado 42 profesionales a la plantilla del departamento que dirige Silvia Cañero, que evaluarán a pie de calle y hogar las circunstancias de los potenciales beneficiarios.

Principales favorecidos

En la provincia, se estima que unas 20.029 personas pueden acogerse a distintas prestaciones de la nueva ley en función del grado de dependencia que les corresponda, según un informe de la Junta con datos extraídos del Libro Blanco de la Dependencia, cuya proyección está prevista hasta el 2015, año en el que culminará la valoración de las personas que necesitan estas ayudas.

De esas 20.029, unas 6.800 están afectadas por la denominada gran dependencia y serán las que podrán baremar su situación para acceder a residencias (en Córdoba hay unas 1.450 plazas concertadas), el servicio de teleasistencia o de ayuda a domicilio.

De momento, el Consejo Territorial para la Atención a la Dependencia aún no ha decidido tanto los servicios que se prestarán, como la intensidad de los mismos, si bien la Junta de Andalucía afirma que ha aumentado el número de plazas residenciales concertadas, como los créditos destinados a la prestación municipal de ayuda a domicilio.

Por su parte, las personas dependientes con un grado severo o moderado (en la provincia, unos 13.000) podrán beneficiarse de una serie de prestaciones, que establece el artículo 12 de la ley, y que van desde servicios de teleasistencia a estancias en centros de día.

Según datos de la Junta, Córdoba cerró 2006 con 6 residencias de día en la capital y 21 repartidas por los distintos municipios, 382 plazas de Unidad de Estancia Diurna, así como un total de 18.015 personas portadoras de la tarjeta de teleasistencia veinticuatro horas «Tarjeta Andalucíajunta sesenta y cinco».

Además, Córdoba cuenta también con 52 plazas de «Respiro Familiar», incluidas ya en el Plan de Acción para las Personas Mayores 2003-2007, donde las personas con una edad superior a los 65 años pueden quedarse durante el periodo de tiempo que la familia cuidadora habitual no pueda atenderles, así como una serie de subvenciones destinadas a las familias para la eliminación de barreras físicas en el hogar.

En la comunidad, según datos de una encuesta realizada por el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), unas 679.088 personas necesitan ayuda para asearse, vestirse y otra serie de actividades necesarias del día a día. El estudio concluye que son más del doble las mujeres que precisan asistencia que los hombres.

Así, del montante total andaluz, hay 250.314 hombres necesitados de ayuda, frente a 428.775 mujeres. Esa cifra pone de manifiesto que aunque es el 10,8 por ciento del total de población la dependiente, son el 13,4 por ciento de las mujeres las que precisan auxilio frente a un 8,1 de hombres.

Los más frágiles

Estas necesidades, que afectan a uno de cada diez andaluces, se acentúan de forma significativa con la edad ya que en el grupo de 65-79 años son tres de cada diez los que requieren apoyo, y cuando se sobrepasa el umbral de los 80 años, hay siete de cada diez reivindicando que alguien le ayude para el desarrollo de las actividades cotidianas.

En cuanto a los que tienen menos de 64 años y necesitan ayudas, la cifra que maneja el IEA es de 192.381 y, entre ellas, también destaca una proporción mayor del género femenino: 116.432 mujeres frente a 75.950 hombres.

El PSE acusa a diputaciones y Gobierno de socavar la Ley de DependenciaLos socialistas reprochan a la Diputación vizcaína que apruebe decretos en cont

04/07/2007 10:09:13

País vasco | EL PAIS - 04-07-2007

El PSE está dispuesto a realizar un estrecho marcaje a las instituciones vascas para comprobar cómo desarrollan la Ley de Dependencia. Los socialistas han hecho bandera de esta norma y siguen con lupa cada paso que dan las diputaciones y el Gobierno vasco. Por ahora, su balance es negativo. Incluso acusan a las diputaciones, en especial a la de Vizcaya, y al Gobierno de socavar el desarrollo de la Ley. Según los socialistas, la Diputación de Vizcaya ha aprobado recientemente dos decretos forales que " Contravienen" la norma con la inquietud que esto conlleva.

La parlamentaria y secretaria de Políticas Sociales y Sectoriales del PSE, Isabel Celaá, cargó ayer con dureza contra las instituciones de la comunidad por su actitud "cicatera" para avanzar en el desarrollo de la Ley, a pesar de que disponen de "medios de sobra". Celaá admitió que las diputaciones y el Gobierno vasco han dado "algunos pasos", pero a "trancas y barrancas" y les reprochó "la desgana y sus escasa implicación" con la norma, que entró en vigor el pasado 1 de enero tras su aprobación por las Cortes y es de obligado cumplimiento en todo el país.

Celaá se mostró especialmente crítica con la actuación de la Diputación de Vizcaya y puso un par de ejemplos para justificar sus reproches. Por una parte, un decreto foral aprobado recientemente reconoce la situación de dependencia de un ciudadano "cuando se comience a prestar el servicio". "Le vienen a decir a la persona discapacitada que su derecho no tiene efectos hasta que ellos (la Diputación de Vizcaya) se lo otorguen", se quejó Celaá, quien puntualizó que la Ley de Dependencia a reconoce el derecho a partir del día siguiente a la solicitud de reconocimiento por parte del ciudadano.

El segundo ejemplo se refiere a otro decreto de la Diputación vizcaína que regula el sistema general de acceso a las plazas de residencias para las personas con discapacidad. El decreto establece como requisitos de acceso, entre otros, que la edad del solicitante se encuentre entre los 18 y los 60 años y que figure empadronado en la provincia durante al menos tres años, de los cuales uno tendrá que ser inmediatamente anterior a la petición. Frente a estos requisitos, la Ley de Dependencia sólo establece la vecindad administrativa, es decir, que el peticionario viva en la provincia. "La Diputación de Vizcaya establece restricciones graves que no resultan admisibles desde la Ley de Dependencia y que no pueden ser motivo de denegación o rechazo de una plaza en una residencia".

Sistema de valoración
Celaá también advirtió contra la aplicación de la doble baremación en Euskadi, cuyas instituciones emplean para saber el grado de discapacidad de los ciudadanos dos sistemas: la escala propuesta por el Gobierno central y que es común en toda España y una propia con la que venían funcionando las diputaciones desde hace un año. Para la parlamentaria socialista, esta doble escala acabará por hacer "ingobernable" el sistema. "¿Es que se pretende crear una cartera de servicios asociada a la Ley de Dependencia y otra para las instituciones vascas? No hay homologación entre ambas escalas", recalcó.

Esta contundencia contrasta con la confianza que el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, expresó hace dos semanas en el Parlamento, donde expuso las bondades de la escala que vienen aplicando las instituciones de la comunidad. El sistema de valoración resulta fundamental, dado que con los resultados que arroje los técnicos podrán establecer el grado de discapacidad del ciudadano y, por lo tanto, las prestaciones a las que tiene derecho.

En cuanto al plazo para las baremaciones, también hay algunas diferencias. Álava establece un plazo máximo para resolver y notificar de tres meses, mientras que en Vizcaya es de cuatro. "Todo ello (los plazos y la diferente baremación) produce un enorme desconcierto en los usuarios y en los servicios sociales de base", cerró Celaá. La norma estatal garantiza a todos los ciudadanos que sufren una gran discapacidad los recursos y las prestaciones para que puedan llevar una vida digna. Dichas prestaciones, que corren a cargo de las comunidades previa financiación del Estado, puede materializarse en una plaza en una residencia, asistentes en el domicilio familiar o el pago de un sueldo a la persona que se hace cargo del enfermo, que suele ser un familiar.

Los socialistas recomiendan guardar las facturas por los servicios prestados

04/07/2007 0:00:00

País vasco | EL PAIS - 04-07-2007

La existencia de un doble sistema de baremación del grado de dependencia, los distintos plazos para las baremaciones y el "relevante atasco administrativo" que se produce en las listas de espera para residencias, centros de día u otros servicios llevó a Isabel Celaá a recomendar a los usuarios que guarden las facturas por los servicios prestados.

Dado que el sistema configurado por la Ley de Dependencia es de garantía de derechos, la parlamentaria socialista aconsejó a todas las personas afectadas que se encuentren dentro de la fase de aplicación de la Ley (en 2007 le toca el turno a los grandes discapacitados) que conserven los recibos pagados a partir del día siguiente a la solicitud de reconocimiento. "Después las podrán repercutir a la administración competente", aclaró.

Celaá intentó visualizar el trabajo que el Estado ha realizado hasta ahora en favor del desarrollo de la Ley de Dependencia en Euskadi. Así, recordó que el Gobierno central asignó al País Vasco durante el año 2006 un total de 8,7 millones de euros para inversiones. De este dinero, 1,1 millones se destinaron a la construcción del centro residencial para personas con discapacidad de Basauri; 800.000 euros para construcción y equipamiento del centro de día de Santutxu y 444.000 para el centro de día de Abanto. "Hasta ahora, ni siquiera se ha hecho mención a la importante contribución del Estado a estos centros", se quejó.

De la misma forma, mostró su preocupación por el hecho de que la financiación procedente del Estado pueda utilizarse para "incrementar el superávit" de las haciendas forales, en lugar de invertirla en el sistema vasco "al que le queda mucho, todavía, por hacer en términos de calidad".

Como colofón, aseguró que su partido no está en condiciones de afirmar que todos los ciudadanos que sufren una gran dependencia estén siendo ya atendidos, tal y como estipula la Ley y ello "a pesar de la cobertura suficiente de servicios de los que disponemos". El PSE presentará tanto en el Parlamento como en las juntas generales de los tres territorios iniciativas a partir del próximo mes de septiembre (cuando se reabre el nuevo periodo de sesiones) para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia

CC OO calcula que la Ley de Dependencia creará 10.000 empleos directos

03/07/2007 12:16:22

AGENCIAS - Bilbao - 30/06/2007

CC OO aseguró ayer que la configuración de un sistema de servicios derivado de la nueva Ley de Dependencia, con una infraestructura adecuada a la demanda real existente en este ámbito, supondría la generación de 300.000 nuevos empleos directos en España, de los que unos 10.000 se crearían en el País Vasco.

La secretaria de Política Social del sindicato y participante en las negociaciones sobre la Ley de Dependencia, Pura García, añadió que, asimismo, se generarían unos 60.000 empleos indirectos -unos 1.800 en Euskadi-, según dijo en Bilbao, donde participó en la V Escuela Sindical de Verano Pedro Gómez de CC OO.

García abogó por un desarrollo de la Ley de Dependencia que configure un sistema "preferentemente de servicios", con una infraestructura adecuada a la demanda y en el que las prestaciones económicas sean "una excepcionalidad". Instó a una dignificación de las condiciones laborales de las personas que trabajan con dependientes. Se trata de un colectivo laboral, según señaló García, que integra en la economía regular a más de 90.000 profesionales, entre los que hay una fuerte presencia femenina y de personas inmigrantes.

Por otra parte, ELA considera que, "fruto de la falta de concreción y de la falta de la dotación presupuestaria", la futura Ley de Familia se queda en "una mera declaración de intenciones". Este sindicato propone que el borrador del Gobierno incluya "200 euros mensuales por cada persona menor de 18 años" y se establezca el derecho de todas las familias a tener una plaza en la red pública para los hijos e hijas menores de 3 años.

El 17% de la población española tiene más de 65 años, según el CIS

03/07/2007 11:04:09

La Verdad, 3 de Julio de 2007

El 17% de la población española tiene más de 65 años, según el informe bianual Las personas mayores en España 2006. En este estudio, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para el Imserso, se pone de relieve que, en los últimos quince años, el colectivo que más ha crecido ha sido el de octogenarios -un 66%, frente al 13% del resto de la población-. El informe explica que en España viven más de 7,3 millones de personas mayores de 65 años, el 16,7% de la población, tres décimas menos de lo registrado en el informe de 2004. Este «leve rejuvenecimiento de la sociedad», debido a la población inmigrante y al repunte de la tasa de natalidad de los últimos años, ha conseguido que la ONU sitúe a España como el tercer país más envejecido del planeta en 2050, por detrás de Japón e Italia -un puesto por debajo de lo anunciado hasta ahora-. Por otra parte, existen notables diferencias entre comunidades autónomas. Murcia es, junto a la Rioja, una de las regiones donde más ha aumentado la población octogenaria -más de un 10%, respecto al informe anterior-. Las comunidades con más mayores son Castilla y León, Asturias, Galicia y Aragón, donde el 20% de la población es mayor de 65, frente a las islas Canarias y Baleares, que son las más jóvenes. El estudio constata además un aumento de la esperanza de vida en España, que se encuentra entre las más altas de la UE y del mundo y alcanza ya los 79,7 años (76,3 para varones y 83 para mujeres). Pero mientras la esperanza de vida presenta una evolución ascendente, uno de los temas más preocupantes es la calidad de vida en estos últimos años. Las enfermedades crónicas no producen la muerte de forma inmediata pero causan incapacidad y conducen a un importante deterioro físico y psíquico de la persona. En la actualidad, la esperanza de vida libre de incapacidad a los 65 años es para los varones de 11,7 años y para las mujeres de 12,6, según el informe del CIS. Es decir, que para las personas de 65 años, el buen estado de salud se incrementará sólo 12 años más, por lo que los varones tienen una expectativa de vivir cinco años incapacitados, mientras que las mujeres vivirán algo más de ocho años en esa misma situación. El resultado de este estudio es que las mujeres viven más tiempo pero también sufrirán durante más años incapacidad. El conjunto de personas mayores españolas considera que tiene buena salud y las principales dolencias crónicas que padecen son osteoarticulares. Estas enfermedades afectan en gran medida a la calidad de vida de las mujeres que son las principales afectadas por patologías como la osteoporosis.

Edad&Vida, CEOMA y UDP advierten conjuntamente de la importancia para el ciudadano de una buena implantación y gestión del SAAD

03/07/2007 0:00:00

Edad&Vida. Boletín nº 10, 25 de Junio de 2007

Edad&Vida, CEOMA y UDP advierten conjuntamente de la importancia para el ciudadano de una buena implantación y gestión del SAAD

La Fundación Edad&Vida, junto con las organizaciones de mayores, CEOMA y UDP, miembros colaboradores del Instituto, hemos suscrito el documento “La implantación y la gestión del Sistema de Atención a las personas con dependencia en España: las necesidades de los ciudadanos”.

La publicación se presentará con CEOMA y UDP el día 4 de julio a las 18h en el Salón de Actos del IMSERSO, en Madrid, y con FATEC y UDP el día 5 de julio a las 13h en el Salón de Actos de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en Barcelona.

Este documento tiene por objetivo advertir a la opinión pública, sobre la importancia de un desarrollo adecuado de la Ley de Dependencia y de una gestión eficaz en la implantación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que defienda la equidad y cohesión territorial y la calidad de los servicios.

En este momento de desarrollo reglamentario de la Ley y de regulación en las Comunidades Autónomas y tras la celebración del I Congreso Internacional sobre Dependencia y Calidad de Vida, -en que se debatieron importantes temas como la coordinación sociosanitaria, la calidad y la acreditación de los servicios, la valoración del usuario o la financiación, y se intercambiaron experiencias en políticas de atención a la dependencia en los países de nuestro entorno-, pensamos que era imprescindible que Edad&Vida, CEOMA y UDP llevaran a cabo esta iniciativa, que desde el punto de vista del ciudadano incide en los retos que supone el desarrollo de la Ley.

Cuando los ahorradores se jubilan

03/07/2007 0:00:00

Expansión, 2 de Julio de 2007

La riqueza de una nación depende de qué porcentaje de personas trabaja tasa de actividad y con qué pericia, destreza y juicio aplican su trabajo productividad . Así lo explica Adam Smith en la primera página de La riqueza de las naciones. En Catalunya, el peso demográfico de las personas de sesenta y más años pasó del 15,3 por ciento en 1981 al 21,5 por ciento en 2005. Además, el incremento de la esperanza de vida y la actual pirámide de población (ver gráfico) hace que las perspectivas para las próximas décadas sean de progresivos aumentos. Este hecho levanta ecos de las afirmaciones del padre del liberalismo económico. Las consecuencias de la demografía en las magnitudes macroeconómicas son indiscutibles. En Catalunya, el envejecimiento de la población puede generar dos problemas paralelos. Por un lado, puede menguar la tasa de actividad, beneficiada en las últimas décadas por la incorporación de las mujeres al mercado laboral y, en los últimos años, por la fuerte llegada de inmigrantes. Por el otro, incrementa las exigencias del sistema de protección social que deben soportar las administraciones públicas. Joan Tugores, profesor de la Universitat de Barcelona (UB), cree que es determinante el impacto del aumento de la media de edad sobre la competitividad económica, ya que son menos los trabajadores que deben soportar la competitividad del país y más los beneficiados por el sistema público de sanidad y pensiones. Las alternativas para hacer frente a la encrucijada son diversas. Fuentes de la Fundació dAssociacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec) abogan por el sistema adoptado en Japón el país que antes ha sufrido el envejecimiento de la población , que incentiva el trabajo a tiempo parcial después de la edad de jubilación. Albert Vergés, director general de la patronal Edad & Vida, indica que, en Alemania, elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años ha alargado más de doce años el plazo de sostenibilidad del actual sistema de bienestar. Vergés cree que la inmigración ha paliado el envejecimiento de la población catalana, pero recuerda que se desconocen los efectos futuros sobre la demografía. La reagrupación familiar, recuerda, puede darse en relación a los cónyuges y los hijos de los trabajadores extranjeros llegados a Catalunya, pero también puede beneficiar a los padres y abuelos de éstos. Otras consecuencias Pero hay otra consecuencia, menos discutida, sobre el envejecimiento de la población. Tal y como advierten David E. Bloom y David Canning en uno de los últimos números de la revista del Fondo Monetario Internacional (FMI), este fenómeno exigirá un mayor ahorro para financiar las jubilaciones más largas. Ello podría afectar a los mercados financieros, las tasas de rentabilidad y la inversión. Tugores comenta que las personas ahorran en la madurez y empiezan a desahorrar en la jubilación, y se tiene que ver cómo puede afectar el envejecimiento a la falta de ahorro en Catalunya en los años futuros. Según datos de Edad & Vida, el 87,2% de los mayores de 65 años son propietarios de una vivienda, y el 70% está libre de cargas. En ése momento, optan por sistemas conservadores de inversión: el 70,5% de sus fondos están en cuentas corriente, el 15,3% en depósitos de plazo fijo y sólo un 2,9% en bolsa. La actual dependencia del ahorro extranjero del sistema financiero español y catalán puede agravarse. Para Jordi Sargatal, profesor de la Universistat Oberta de Catalunya (UOC), el alza de los salarios y el aumento de la población inmigrante más ahorradora podría compensarlo. Ley de Dependencia: nuevas prestaciones y más gastos El Congreso aprobó en 2006 la llamada Ley de Dependencia, que reconoce el derecho a recibir una atención por parte del Estado para los ciudadanos que no puedan valerse por sí mismos por sufrir una enfermedad o un accidente invalidante, o por llegar a la vejez. En Catalunya, la normativa autonómica podría beneficiar a unas 200.000 personas en su mayoría ancianos e i rá acompañada de la creación de la Agència de la Dependència. Ayudar a 40.500 personas con gran dependencia y financiar 18.700 plazas en residencias para mayores supondrá un gasto de 439,8 millones de euros este año, según los Presupuestos de la Generalitat para 2007.

Ley de Dependencia: la mina de oro de la edad dorada española

28/06/2007 11:02:38

El Mundo, 24 de Junio de 2007

En los próximos años, la Edad Dorada va a hacer de oro a muchas empresas del sector de la asistencia social en España. Las perspectivas son tan buenas, que los principales grupos de la industria ya están tomando posiciones para reorganizarse y repartirse un pastel millonario. La principal razón para ello es la recién inaugurada Ley de Dependencia, que entró en vigor el pasado mes de enero. Su implantación, que se hará de manera progresiva hasta 2015, va a suponer una auténtica revolución para un país que en la actualidad es el segundo de la UE que menos gasta en protección social, superado sólo por Irlanda. Según Eurostat, de 1996 a 2003, España destinó a este ámbito un 19,7% del PIB, frente al 28,3% de la media europea. La Ley no sólo ha despertado el interés de las empresas dedicadas a la atención a la dependencia, sino de otras muchas que no tienen nada que ver con el sector, en especial bancos, aseguradoras y constructoras, que atisban su enorme potencial de negocio. Y es que la nueva normativa, que garantiza la asistencia a todo ciudadano que no pueda valerse por sí mismo, obligará a la Administración a poner en el sistema unos 26.000 millones de euros hasta 2015: la mitad procederá del Gobierno central y la otra de las Comunidades Autónomas. Una vez implantado el sistema, el coste de la atención a dependientes será de unos 9.000 millones de anuales, de los que las administraciones públicas costearán el 60% y el 40% restante lo aportarán los beneficiarios, según su nivel de renta. Esta financiación, dicen los expertos, hará incrementar de manera «monstruosa» los servicios de asistencia en un país en que, según los datos del Libro Blanco de la Dependencia, existen unos 1,12 millones de dependientes -se espera que para 2020 haya un 35% más-, y donde el número de mayores de 65 años alcanzará el 33,5% de la población prevista de aquí a 2050, frente al 16,9% actual. Las implicaciones de la Ley son muchas. Por un lado, se incrementará la actividad en cuatro grandes áreas de servicios -teleasistencia, ayuda domiciliaria, centros de día y de noche y residencias de ancianos-, de manera que «su potencial de ganar dinero será enorme», dice Javier Benavente, presidente de Alares, empresa que ofrece servicios de asistencia en el domicilio. Por otro lado, supondrá una gran oportunidad para muchos, ya que «las competencias en materia social pasan a desarrollarse también por la Administración central, por lo que la propia Ley deja espacio para que los servicios se gestionen y se provisionen desde la iniciativa privada», según Doménec Crosas, director general de Sanitas Residencial. Además, la nueva ley profesionalizará y evitará el intrusismo en el sector. «Para ser un operador del sistema y recibir la financiación va a haber que estar acreditado, por lo que muchas empresas que no cumplen con los requisitos desaparecerán», aclara Rafael Iglesias, director general de AMMA, grupo que gestiona 17 centros residenciales en España. Pero, probablemente, el mayor impacto de la Ley de Dependencia va a recaer sobre el sector de las residencias de la tercera edad, según los expertos. La memoria económica de la normativa prevé que para 2015 se triplicará el número de plazas residenciales, la mayoría en régimen de concierto. A marzo de 2006, existían en España 272.240 plazas, de las que un 72,3% eran de titularidad privada y un 27,7% pública. Teniendo en cuenta que, según el último estudio sobre el sector de la consultora Deloitte, entre 1999 y 2005 la oferta residencial aumentó un 36% en número de camas, y que, según el informe del Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales presentado esta semana, en dos años tan sólo se han creado 30.000 camas, los expertos creen que va a ser imposible conseguir las 800.000 plazas previstas para 2015. «No hay tiempo material para ello y, además, va a requeri r un esfuerzo financiero tan grande que sólo las grandes empresas van a poder soportar», dice Iglesias. El sector de las residencias de ancianos en España está muy atomizado, con más de 3.000 empresas dedicadas a ello. El 15% del mercado está en manos de unas 15 compañías, entre las que se encuentran Ballesol, Mapfre Quavitae, Sanyres, Sanitas Residencial y AMMA, cada una con más de 4.000 plazas. El resto, está formado por pequeñas empresas. Según un reciente estudio de la consultora DBK, las residencias privadas facturarán en 2007 unos 2.285 millones de euros, un 6,3% más que en 2006, y aumentarán el número de plazas un 5%. Debido a la nueva Ley de Dependencia, el número de residencias de la tercera edad de carácter público se verá disminuido en los próximos años, ya que el Estado dará prioridad al concierto de las privadas. «El producto estrella será la concesión administrativa de residencias, es decir, el Estado da la concesión gratuita del suelo, un operador construye el centro y luego la Administración concierta las plazas», aclara Rafael Iglesias, del grupo AMMA. Ante el nuevo marco, las principales empresas de residencias de la tercera edad en España culminan sus planes de expansión, bien construyendo nuevas residencias o mediante fusiones o adquisiciones, algo, que según los expertos, cada vez se va a dar más. La operación de este tipo más reciente ha sido la de Sanitas, que ha comprado Euroresidencias. Por su parte, Ballesol, el primer operador de este mercado, contaba en 2006 con 5.215 camas y prevé alcanzar las 7.140 para finales de este año. El plan de crecimiento del grupo AMMA supone la apertura de 31 centros residenciales entre este año y 2008, y alcanzar las 4.000 plazas. Planes que sólo las más grandes y aquéllas que están respaldadas por socios potentes pueden acometer. Según Iglesias, hacer una residencia de 180 camas cuesta unos 10 millones de euros, dinero que tiene que desembolsar la propia compañía, ya que la financiación del Estado no va a la construcción, sino a la concertación de las plazas. Recientemente, aseguradoras, cajas de ahorros e incluso constructoras han entrado en los capitales de las principales empresas del sector ante el enorme potencial de negocio, según los expertos. AMMA, por ejemplo, está respaldada por Caja Navarra, Caja de Burgos y Caja Duero como principales accionistas. Sanitas tiene detrás al grupo británico Bupa. En el capital de Sanyres están también presentes Caja Sur, Caixa Catalunya y Bancaja. Mapfre Quavitae, tiene al Grupo Mapfre y a Caja Madrid y, hace poco, la aseguradora Santa Lucía se hizo con el 40% de Ballesol. «La Ley ha hecho que estén llamando tambien a la puerta muchos operadores extranjeros, fondos de inversión ingleses y alemanes», dice Iglesias. Por ejemplo, la firma francesa Orpea compró hace un año el Grupo Care, la gestora de residencias para la tercera edad española. Y el potencial de crecimiento es tal, que varios expertos creen que no se tardará en ver cotizando en el mercado español a alguna de las principales compañías del sector. ¿Pero, cómo sacar rentabilidad a la inversión? Dependerá del dinero que desembolse cada Comunidad Autónoma para el concierto de cada plaza. Mantener una cama cuesta una media de entre 1.600 y 1.800 euros al mes -incluye la construccion y el servicio-. Hacerla rentable dependerá del grado de concierto y de la tarifa que pague la Comunidad Autónoma por ese concierto. Por ejemplo, en Madrid, hay residencias de 180 camas donde el 35% las paga la Administración y, el resto, es privado. En Castilla la Mancha, el concierto alcanza el 100%. «Cuanto más concierto tenga una residencia, antes se llena y más rentabilidad le sacará la empresa, dependiendo de la tarifa. Cuantas más plazas privadas tenga, más cara es y más tarda en llenarse». Precisamente, el tema de las tarifas es lo que más preocupa a los gestores de los centros geriátricos. Según el estudio de Deloitte, existen diferencias muy notables en la distribu

PRIMEROS "CUELLOS DE BOTELLA" EN EL SISTEMA DE DEPENDENCIA

26/06/2007 0:00:00

Inforesidencias 26/06/2007

La puesta en marcha del Sistema de Dependencia (SAAD) conlleva necesariamente de ajustes y algún "cuello de botella". Sabíamos que las personas acudirían a los servicios sociales para solicitar la valoración y que esto podría suponer un cierto bloqueo. El segundo cuello de botella será la valoración ya que requerirá el traslado de profesionales al domicilio de la persona y un trabajo nuevo para los profesionales.

¿Cómo está yendo la cosa? Una ojeada a varios periódicos locales nos lo aclara.

Segíun encontramos en Terra.es Ni la contratación de personal adicional, ni siquiera la orden interna dada por la edil de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, María Victoria Romero, para dar prioridad a la tramitación de las solicitudes para acceder a las ayudas de la Ley de Dependencia han podido evitar que, a dos meses de la entrada en vigor de la norma, haya ya una lista de casi 1.400 familias que esperan la visita del trabajador social que debe realizar un primer informe sobre la situación del demandante.

Sabemos que en Guadalajara, según La Tribuna Digital, Hasta el pasado día 20 de junio se habían presentado en toda la provincia de Guadalajara un total de 485 solicitudes para la valoración de la dependencia en la Delegación provincial de Bienestar Social, centros sociales y a través de la página web de la Junta de Comunidades. De estas solicitudes, 215 corresponden a Guadalajara capital, que se sitúa a la cabeza seguida del área de Fontanar, que abarca los municipios de Cabanillas, Marchamalo y Yunquera de Henares, con un total de 68 solicitudes, y las áreas de Almoguera, con 59 solicitudes, y Azuqueca de Henares, con 42.

En Huelva Los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Huelva han recibido un total de 1.796 solicitudes para el reconocimiento de la valoración de la dependencia en el periodo comprendido entre el 2 de mayo, cuando se inició la recepción de solicitudes, y el 8 de junio,

En Aragon, a 15 de junio se habían presentado 2.500 solicitudes y esperan poder valorar a cien cada día utilizando para ello un grupo de 25 profesionales, compuesto por fisioterapeutas terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, ATS y psicólogos. O sea que en un mes se ponen al día.

Y mientras tanto, en Asturias sabemos que las previsiones de dependencia que se han llevado a cabo y que suponían que había unos 6.000 grandes de pendientes en el principado, son del todo escasas. Allí, la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad (AARTE) estima, según recoge El Comercio Digital, que la cifra subirá hasta los 9.600, de los que unos 3.800 ya habrían presentado la solicitud.

Mientras tanto Edad y Vida, CEOMA y la UDP consensuan un documento en el que, entre otras cosas piden que el proceso de valoración de la dependencia sea ágil y rápido.

El Gobierno recalca que sus recursos superan las exigencias de la ley de Dependencia

22/06/2007 15:36:46

País vasco | EL PAIS - 21-06-2007

El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, aseguró ayer que la atención y las prestaciones que garantiza en toda España la ley de Dependencia a las personas que no pueden valerse por sí mismas están "plenamente" garantizadas en estos momentos en Euskadi e incluso las superan de sobra. Consuegra recalcó contundente que todos los ciudadanos catalogados como grandes dependientes (la máxima calificación que se otorga por las carencias físicas o mentales) han sido evaluados y ya están recibiendo algún tipo de prestación, fundamentalmente, una plaza en una residencia.

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Consuegra y su homólogo de Sanidad, Rafael Cerdán, comparecieron ayer ante la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento para explicar cómo está progresando la coordinación entre sus dos departamentos en el campo de la atención sociosanitaria y en la unificación de criterios a la hora de baremar a los ciudadanos discapacitados. Este aspecto resulta fundamental a la hora de conceder a los solicitantes las diversas prestaciones, tal y como estipula la ley de Dependencia, que entró en vigor el pasado 1 de enero tras su aprobación por las Cortes y es de obligado cumplimiento en todo el país.

El viceconsejero de Asuntos Sociales recalcó que dicha ley supone un reto de "primera magnitud" para el conjunto de las comunidades, pero indicó que Euskadi se halla preparada para afrontarlo con garantías. En esta línea, precisó que el País Vasco cuenta con un total de 19.700 plazas en residencias de ancianos y otras 2.151 para grandes discapacitados para albergar a los 11.500 ciudadanos considerados como grandes dependientes que la ley considera para la comunidad autónoma. "Hay plazas de sobra para todos", zanjó Consuegra después de que la parlamentaria del PSE Gemma Zabaleta le cuestionase por los medios que están poniendo las administraciones vascas al servicio de la ley.

La norma estatal garantiza a todos los ciudadanos que sufren una gran discapacidad los recursos y prestaciones para que puedan llevar una vida más digna. Dichas prestaciones, que corren a cargo de las comunidades previa financiación del Estado, pueden materializarse en una plaza en una residencia, asistentes en el domicilio familiar o el pago de un sueldo a la persona que se hace cargo del enfermo que, por regla general, suele ser un familiar. La cobertura alcanzará en 2008 a los ciudadanos con una severa dependencia y progresivamente se irá cerrando el círculo hasta que en 2015 estén garantizadas las prestaciones a todas las personas con alguna discapacidad.

Cerca de 70.000 ciudadanos que viven en Euskadi presentan algún grado de dependencia

Diferentes baremos
Para tener acceso a esas prestaciones, el primer paso es que los técnicos del área de bienestar social de la diputación correspondiente evalúen el grado de discapacidad del ciudadano en cuestión y, en función de ella, clasificarle y concederle las ayudas pertinentes. Las tres diputaciones ya pusieron en marcha el año pasado un sistema único para todas ellas, que ha sido cuestionado por el Gobierno central, que les ha obligado a adaptar el que está en vigor para toda España.

Consuegra apuntó que el baremo empleado por las diputaciones permite conocer con mayor "profundidad" el alcance de la discapacidad y por eso el t4ripartito ha solicitado a la Administración central que le deje seguir utilizándolo a la vez que se crean una serie de instrumentos para compartir información con el otro sistema. La negativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha propiciado una situación paradójica: el grado de dependencia se mide en Euskadi con dos baremos, lo que no implica "un doble trabajo", matiza Consuegra. "El técnico que realiza el test y las pruebas a los ciudadanos con dependencia usa los dos baremos en el mismo tiempo, ya que muchas de las cuestiones que se plantean son similares. La diferencia es que el baremo de las diputaciones, que es calcado al que usan en EEUU, permite acceder a un grado de detalle mayor. Por eso, coexistirán los dos procedimientos".

Junto con el baremo, los ciudadanos deben presentar un informe de salud en el que su médico de cabecera certifique los males que le aquejan y sus lesiones. El Ejecutivo central ha dejado en manos de las comunidades autónomas la forma de elaborar ese documento y en el caso de Euskadi, los departamentos de Sanidad y Asuntos Sociales se pusieron de acuerdo el pasado mes de marzo sobre cómo debe ser el formulario, el formato y la logística en el conjunto de los tres territorios. El viceconsejero de Sanidad resaltó la importancia de disponer de este documento unificado: "La coordinación entre los servicios sociales y sanitarios resulta fundamental para ofrecer una buena asistencia y que los ciudadanos tengan clara cuál es la puerta de entrada al sistema. El espacio sociosanitario tiene que convertirse en una realidad

Las peticiones de evaluación saturan los servicios sociales municipales

22/06/2007 15:35:05

Cataluña | EL PAIS - 22-06-2007

Los servicios sociales de los ayuntamientos se han saturado con la presencia de ciudadanos discapacitados, que acuden a ellos para que les evalúen su grado de minusvalía y así poder optar a las prestaciones que detalla la ley de Dependencia. Desde que los ciudadanos pueden acudir a esta baremación, a partir de finales de abril, alrededor de 2.000 personas han pasado por los servicios sociales. A la espera de que se concrete el catálogo de prestaciones y el copago al que estarán obligados algunos ciudadanos, los dependientes sólo pueden dirigirse a los ayuntamientos y solicitar un formulario para pedir la valoración y otro para que lo rellene su médico de cabecera.

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Los servicios municipales se encargan de elaborar un informe social y posteriormente envían todo el expediente a la Diputación. Los técnicos del área de bienestar social se encargarán después de evaluar la minusvalía mediante un test y pruebas que realizan al ciudadano discapacitado en su propio domicilio, recalcó ayer el viceconsejero de Asuntos Sociales.

Estas pruebas permiten otorgar una serie de puntos (en una escala del 1 al 100) y confirmar el grado de dependencia que sufren según esa puntuación. Existen varios tipos de prestaciones, que van desde obtener plaza en una residencia hasta el pago al familiar que cuida del enfermo, pasando por la subvención de un asistente social que trabaje a domicilio.

Las prestaciones sólo beneficiarán este año a los ciudadanos que tienen la consideración de grandes dependientes. Según Consuegra, "a los servicios sociales están acudiendo ciudadanos con diferentes tipos de discapacidad y se les atiende a todos, aunque las prestaciones están limitadas por ahora y, según la ley, a un grupo de terminado. Sin embargo, las diputaciones también ofrecen servicios y ayudas al resto".

Entre las cuestiones que aún quedan pendientes a nivel nacional una de las más importantes es la definición del copago. La previsión de Consuegra es que empiecen a despejarse las dudas en la próxima reunón del Consejo Teritorial de la Dependencia, que reúne al Gobierno central, las autonomías y las tres diputaciones vascas.

Ancianos en otras manos. Las inmigrantes se ocupan ya de la mitad de los mayores a los que no les atiende un familiar.

22/06/2007 15:32:57

EL PAIS | Internacional - 16-06-2007

Los ancianos están cada día más en manos de inmigrantes. Esta afirmación es, según el profesor Albert Gallart, una realidad. La gran mayoría de las cuidadoras en España son familiares -principalmente una hija-, pero casi la mitad de las cuidadoras no familiares son extranjeras.

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"Uno de los trabajos principales que desempeña una inmigrante cuando llega a España es hacerse cargo de una persona dependiente. Si no disponen de la documentación en regla pueden fácilmente recurrir a un trabajo sumergido como el cuidado de personas mayores". Ellas están dispuestas, según Gallart, a trabajar más horas por menos dinero. Además de atender al anciano, la mayoría desempeñan actividades domésticas como limpiar, cocinar e ir a la compra. Un 87% trabaja como cuidadora más de 20 horas a la semana y el 44% tiene otros empleos además.

Este enfermero, licenciado en Humanidades y profesor de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) lleva siete años estudiando el fenómeno y ha elaborado una tesis en la que advierte de la sobrecarga que soportan las cuidadoras inmigrantes. Para Gallart es sólo el principio. Diversos trabajos apuntan a que en 2025, más del 70% de las mujeres estarán incorporadas al mercado laboral. "¿Quién cuidará de los mayores? La Administración no podrá hacerlo sola", explica.

La tesis señala que casi la mitad de estas cuidadoras reconocen no disponer de la formación necesaria y no saber reaccionar antes las alteraciones de salud que el anciano pudiera presentar. Ésta no es una situación exclusiva del inmigrante. "Ni el cuidador inmigrante ni el familiar están preparados para atender a las personas dependientes. La Administración ahora está favoreciendo la formación al familiar, pero queda pendiente el inmigrante". "Ni uno ni el otro tienen las condiciones suficientes, según los propios cuidadores manifiestan en la mitad de los casos"

. La Ley de Dependencia tampoco prevé que el inmigrante pueda hacerse cargo del anciano como si se tratara de un familiar. Sólo se contempla en casos muy excepcionales, cuando lleve dos años viviendo en el entorno del anciano y se precisa afiliación a la Seguridad Social.

El informe reclama que se aseguren unos niveles mínimos de conocimiento y un sistema que controle y regularice las jornadas y los salarios de estas cuidadoras inmigrantes sin formación, realizando controles domiciliarios para reevaluar a estas personas. Para disminuir la sobrecarga, Gallart apunta que es necesario potenciar el apoyo social, la calidad de vida y la integración de estas trabajadoras.

El profesor considera que la nueva Ley de Dependencia "es un paso valiente y firme", pero "sólo es el inicio. Es necesario determinar con mucha más precisión los detalles".

Gallart aboga por un nombre único para esta norma: Ley de la Promoción de la Autonomía. "Aunque parezca un hecho insignificante, el cambio es radical ya que se pasa de denominar una situación en términos negativos, como es la dependencia, a términos positivos, es decir, la búsqueda de la máxima autonomía posible de las personas", defiende este enfermero.

Solicitar evaluación de minusvalía

22/06/2007 15:28:11

Madrid. El País - 12/06/2007

Mis padres tienen 90 y 92 años respectivamente y minusvalías reconocidas del 85%. El viernes oigo por la radio al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, regañándome por no haber presentado una solicitud de evaluación para que se acojan a las "enormes" ventajas de la nueva Ley de Dependencia. Dice el ministro que se calcula que hay en España 200.000 dependientes y sólo se han presentado 15.000 solicitudes, y que no entiende por qué se presentan tan pocas.

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Me remuerde la conciencia porque yo no he presentado ninguna y pienso que el ministro tiene razón, y total por llamar por teléfono y apuntarse, no puede ser más cómodo. Así es que llamo al teléfono 900 406 080 y me informan muy amablemente de que tengo que ponerme en contacto con la Comunidad de Madrid y que la evaluación de la minusvalía no sirve. Llamo al de la Comunidad de Madrid y me dicen, muy amablemente, que hay que presentarse personalmente en los servicios sociales del Ayuntamiento para retirar la solicitud a rellenar y la documentación necesaria a presentar. Luego hay que ir al centro médico a pedir un certificado de estado de salud (no valen los de las minusvalías), luego hay que ir a pedir certificados de empadronamiento (también personalmente) y luego a recogerlos (o a lo mejor los dan en el momento, no se sabe).

Resumiendo, que solamente para solicitar una evaluación para personas "dependientes" hay que ir personalmente a tres sitios diferentes no menos de cuatro o cinco veces en total. Y yo, que afortunadamente tengo trabajo durante los días laborables, me planteo a quién voy a mandar a hacer esas gestiones, ¿a mi padre, a mi madre, o tal vez a los dos juntos? Señor ministro, ¿sigue usted sin entender por qué se han presentado tan pocas solicitudes.

Las ayudas más esperadas

22/06/2007 15:22:11

Los 200.000 grandes dependientes que se calcula que viven en España y sus familias ya saben a qué atenerse. El Gobierno fijó ayer las ayudas a que tendrán derecho: si la atención la presta una persona especializada, recibirán 780 euros en el caso de que se tenga un grado de dependencia de nivel 2 (el más grave) o 585 euros si es de nivel 1. Esta medida beneficiará sobre todo a inmigrantes, ya que estudios recientes apuntan a que son ellos los que se encargan, en un 90% de los casos, a atender a personas dependientes. Falta por saber si se les considerará "personal especializado".

PRESTACIONES A GRANDES DEPENDIENTES

Con dinero no basta
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El programa Cuidar al cuidador presta ayuda psicológica y legal a las familias
Cuando sea un familiar quien cuide a la persona -lo que es muy frecuente-, recibirá 487 euros mensuales (más 74 que se dedicarán a pagar su Seguridad Social) para los dependientes de nivel 2, o 390 euros -Seguridad Social aparte- para los de nivel 1.

Con el real decreto que se aprobó ayer se cierra la discusión que han mantenido hasta la fecha el Gobierno central y las comunidades autónomas. El importe de las ayudas deberá ser sufragado a partes iguales por ambas administraciones.

El Consejo para la Dependencia (el organismo de coordinación entre los gobiernos central y autonómico) ya da por descontado que con este dinero no se podrán cubrir en algunos casos todas las necesidades de los beneficiarios, y ya incluye la posibilidad de que parte de la asistencia sea sufragada por las personas dependientes o sus familias en función de sus ingresos.

Las cantidades decididas ayer deberán cubrir los siguientes servicios -siempre en función de las necesidades de la persona-: teleasistencia, ayuda a domicilio (entre 70 y 90 horas mensuales en función de la gravedad), plaza en un centro de día o de noche, plaza en una residencia, y servicios de prevención y promoción de la autonomía personal. Para acceder al sistema de dependencia, los ciudadanos deberán solicitar a los servicios sociales de su comunidad autónoma una evaluación. La acreditación expedida en una comunidad tendrá validez en todo el Estado. Las personas interesadas pueden informarse en el teléfono gratuito 900 40 60 80.

PRESTACIONES A GRANDES DEPENDIENTES
- Para teleasistencia, ayuda domiciliaria y centros de día o de noche, 780 euros los de nivel 2, y 585 los de nivel 1.- Para cuidado por un familiar, entre 390 (nivel 1) y 487 euros mensuales (nivel 2).- Para atención personalizada, 585 o 780 euros en función del nivel de dependencia.

Menos gasto en dependencia

22/06/2007 15:14:49

Galicia | EL PAIS - 30-05-2007

El número de hogares que en Galicia gastan en personal para cuidar a los familiares dependientes se ha reducido. Si en 2002 representaban el 1,31 del total de las familias gallegas, en 2006 son solamente el 0,96%. No obstante, el sueldo medio que cobran los cuidadores ha aumentado más de 100 euros, pasando de los 196 euros de 2002 a los 296 de 2006.

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De la misma manera, la tasa de hogares que gastan en servicio doméstico ha mermado. En 2002, eran el 7,4% y pagaban a sus empleados una media de 180 euros, y en 2006 fueron el 6,5% de las familias y abonaron 225 euros al mes.

Otro aspecto representativo de la sociedad es la diferencia que, en toda la encuesta, se percibe entre las provincias más desarrolladas y las menos ricas. En casi todas las tablas, Ourense y Lugo salen perdiendo.

En esta última provincia, las familias con miembros de más de 65 años son ya más de la mitad (52%), y en Ourense, no llegan a 8 de cada 100 los hogares en los que vive algún menor de 6 años. Si en A Coruña el ingreso medio familiar es de 1.881 euros y en Pontevedra, de 1.870; en Lugo es de 1.668 y en Ourense, de 1.470 euros. El 15,3% de las familias ourensanas viven, además, por debajo del umbral de la pobreza.

"Tendrían que escuchar a los afectados antes de hacer una ley"

22/06/2007 15:12:28

Cataluña | EL PAIS - 24-05-2007

Julia Monfort tiene 64 años y padece atrofia espinal muscular, una enfermedad genética y degenerativa que afecta la parte del sistema nervioso que controla el movimiento muscular.

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Monfort cobra una pensión de 150 euros al mes desde hace más de 20 años y recibe una ayuda domiciliaria de la Generalitat de 3.500 euros al año. "Necesito ayuda en todas las actividades de mi vida diaria y una pensión que sólo permite pagar a una persona tres horas diarias no es suficiente", asegura. "En mi caso, mi marido es mi cuidador", añade.

Sobre la Ley de Dependencia, Julia afirma: "Cuando se hace una ley tendrían que escuchar a los afectados. Existe un grado de desconocimiento por parte de la gente. Es diferente ver que sufrir en tu propia piel. Hay más sensibilización por parte de los poderes públicos, pero existe una mentalidad paternalista".

La psicogeriatría europea pide atención para los cuidadores

22/06/2007 13:54:00

La Voz Galicia, 21 de Junio de 2007

En cuatro días revisan y actualizan los principales problemas de salud mental del anciano. La importancia de apoyar y prestar atención a quienes cuidan a personas ancianas con problemas de salud mental fue el tema más relevante de la jornada inaugural del triple congreso -europeo, español y portugués- de psicogeriatría que se celebra en la ciudad. Tanto las intervenciones de la inauguración oficial como la conferencia magistral que siguió a esa sesión, en el Palacio de Fonseca, insistieron en que si no se apoya a los cuidadores éstos pueden a su vez enfermar tanto de males físicos como también de salud mental, por la enorme presión que supone estar pendiente permanentemente de los afectados de males propios de edades avanzadas, y entonces se agrava la situación. La necesidad de actividades que permitan el descanso de los cuidadores, mayoritariamente familiares de las personas ancianas afectadas, fue una de las cuestiones en las que se insistió en diversas intervenciones. El congreso contempla sesiones abierta a familiares, y también al público interesado de la ciudad, incluso una representación teatral abierta mañana por la tarde en el Teatro Principal, en la que actuará personal especialista para explicar la enfermedad de alzhéimer. También hubo referencias en la jornada inaugural al acierto del enfoque antropológico físico-cultural de la vejez que defendía el desaparecido catedrático de Psiquiatría de la USC, Antonio Rodríguez. La conselleira María José Rubio enfatizó la necesidad de «devolver la palabra al anciano» porque sólo él posee una experiencia vivida de su estado, en la línea defendida por el prestigioso profesor fallecido. El enfoque multidisciplinar de la unidad de psicogeriatría de Santiago, ubicada en el recinto del Psiquiátrico de Conxo, también se resaltó. El psiquiatra Raimundo Mateos, coordinador de esta unidad, es el presidente del comité organizador del acontecimiento científico. Las sesiones de hoy se repartirán entre las facultades de Medicina -sede central del congreso- y Psicología. En ellas, conocidos expertos abordarán problemas como la depresión en personas ancianas, demencias, perturbaciones funcionales, uso y abuso de sustancias en edades avanzadas, o la asistencia en atención primaria y en servicios geriátricos. A primera hora de la mañana se celebrará una mesa redonda en la que los médicos de familia María Jesús Cerecedo y José Antonio Ferreiro, el enfermero Manuel Vidal Fernández, y el psiquiatra Raimundo Mateos ofrecerán datos de la asistencia a ancianos con estos problemas de salud en el área sanitaria de Santiago, en especial en la atención primaria de salud.

La red de Dependencia despega con 4 camas por cada 100 mayores

22/06/2007 13:52:50

Expansión, 20 de Junio de 2007

En los dos últimos años, España creó 32.478 plazas residenciales, un impulso discreto que sitúa la tasa de cobertura en los mismos niveles de 2004. Los octogenarios crecieron un 66% en los últimos quince años y son ahora dos millones de personas Escribe María Tejo El sistema de Dependencia se estrena con escasez de plazas residenciales. Según el Informe y la Encuesta de Personas Mayores 2006 un macroestudio elaborado por el Imserso y el CIS, respectivamente España cuenta con cuatro camas por cada cien mayores de 65 años, prácticamente la misma proporción que la registrada en 2004. Sólo que ahora el universo de clientes potenciales de esta red asistencial lo forman 7,3 millones de personas. Según Trabajo, el 16,7% de la población el porcentaje es tres décimas menor que el de 2004 supera ya el umbral de los 65, una cifra similar a la que presentan Italia, Francia, Alemania o Reino Unido. Sin embargo, el crecimiento de los octogenarios ha cogido carrerilla y se erige como el colectivo que más ha crecido en los últimos quince años (un 66%, frente al 13% del total de la población), hasta formar un club de dos millones de personas. Según la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, supone el envejecimiento del envejecimiento. El fenómeno se anima, además, con una esperanza de vida de 83 años para las mujeres y de 79,7 para los hombres. Por si fuera poco, se ha consolidado la diferencia entre comunidades jóvenes y envejecidas. Dos de cada diez residentes de Castilla y León, Asturias, Galicia y Aragón supera los 65 años, frente a los ratios más comedidos del resto del mapa. Y, en medio de este escenario, la hecatombe autonómica de desplegar la Ley de Dependencia. A lo largo de este año, se incorporarán a la segunda Seguridad Social los afectados de mayor gravedad, un colectivo que supera las 200.000 personas. Debido a sus limitaciones, la opción residencial es la que, según los expertos, mejor se adapta a sus necesidades. Sin embargo, apuntan que para que el sistema sea eficiente debería haber al menos cinco plazas por cada cien mayores (ver EXPANSION del 15 de enero), requisito que, hoy por hoy, cumplen Navarra, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Aragón y Madrid. Disparidad de cobertura El principal escollo, por tanto, es la falta de plazas residenciales. Lo sorprendente es que en los dos últimos años tan sólo se han creado alrededor de 30.000 camas nuevas, hasta situar el índice de cobertura plazas existentes por cada cien mayores de 65 en el 4%, a escas décimas por encima de las contabilizadas en 2004 (3,66%) ver gráfico adjunto . Con todo, Trabajo valora esta tendencia positiva. Por su parte, las asociaciones de mayores se aferran a la promesa de Valcarce, que ayer aseguró que España va a duplicar en esta legislatura los servicios sociales a disposición de las personas mayores. A expensas de que llegue ese momento, aplauden la ampliación del resto de carteras de servicios la ayuda a domicilio se incrementó un 33%; la teleasistencia un 75%; y las plazas en centros de día un 40% , aunque esgrimen que éstas no serán las primeras prestaciones que soliciten los dependientes. Además, señalan que la disparidad en la cobertura es la nota característica de estos servicios, lo que podría suponer un peligro a la hora de garantizar el mismo derecho, independientemente del lugar donde se viva Finalmente, Valcarce destacó ayer el importante volumen de recursos públicos que se dedica a las personas mayores a través del sistema de pensiones. Así recordó que en el último cuatrienio las pensiones de jubilación con cónyuge a cargo crecieron un 24,9%; las de viudedad un 19,7%; y las no contributivas un 13,06%. A fecha de uno de mayo, la pensión contributiva en España alcanza los 672,24 euros, mientras que la de jubilación se sitúa en los 785,25 euro s. Sólo cinco autonomías tienen un índice de plazas igual al 5% que recomiendan los expertos.

La Ley de Dependencia mejora la salud de la mujer cuidadora

22/06/2007 13:50:24

Diario Médico, 13 de Junio de 2007

La Ley de Dependencia tendrá efectos sanitarios positivos para los usuarios directos pero también mejorará la salud de la mujer en general, ya que muchas han padecido dolencias por su papel de cuidadoras. Soledad Ruiz, directora general del Instituto Andaluz de la Mujer, ha coordinado una jornada sobre envejecimiento saludable del colectivo femenino cuya principal conclusión es que la Ley de Dependencia reducirá la morbilidad femenina no sólo por atender mejor a las mujeres que han perdido autonomía personal sino por profesionalizar la figura del cuidador, el 86 por ciento de los cuales son mujeres. Ruiz ha recordado que la mujer sigue teniendo una mayor expectativa de vida, pero una mayor carga de enfermedad a lo largo de sus últimos años. Esto ocurría hasta ahora porque muchas veces cuidaba de la salud de otros antes que de la suya. La directora general también ha hecho hincapié en el sesgo de las investigaciones farmacológicas y de los diagnósticos, que tradicionalmente se han hecho pensando en los varones. Ante un dolor torácico todavía ocurre que los médicos lo vinculen rápidamente a un posible infarto agudo de miocardio en el hombre, pero lo atribuyen a otras posibles causas en la mujer. Enfoque parcial El problema, según Ruiz, es que la medicina siempre se ha enfocado a la mujer únicamente para tratar su aparato reproductor y ha olvidado los determinantes de salud general de otro tipo ligados a su sexo, incluidos los de tipo genético y personal. En este sentido, Andalucía está impulsando también la investigación con perspectiva. En cuanto a la labor de cuidadora y la morbilidad asociada, la directora general ha destacado que muchas veces no se tienen en cuenta aspectos psicológicos del fenómeno. Además, los determinantes económicos son fundamentales, especialmente en las mujeres inmigrantes, que muchas veces no se acercan al sistema sanitario por miedo a que les cobren. Entre los factores sociales es preciso tener en cuenta los culturales, y es importante también la labor de los servicios sociales, que muchas veces no son capaces de detectar las necesidades sanitarias de un usuario. EN EL BUEN CAMINO Soledad Ruiz considera que Andalucía está dando pasos positivos para conseguir un mejor abordaje de la salud femenina por parte del sistema, pero la perspectiva de sexo es algo todavía muy nuevo en las políticas públicas. La comunidad trata de trabajar de forma transversal entre varias consejerías no sólo para impulsar medidas sino para evaluar sus resultados, muchas veces inferiores a lo deseado. También es importante la información directa al usuario, especialmente en el caso de la mujer rural, donde todavía se detectan casos de un acceso excesivamente tardío al sistema porque se minimizan ciertos problemas o porque persiste un cierto miedo al personal sanitario.

Del 6 al 8 de noviembre de 2007 la ciudad de León acogerá la Conferencia sobre Envejecimiento de la ONU.

14/06/2007 0:00:00

Boletín de Servicios Sociales. Trabajo y Asuntos Sociales, 13.06.2007

Dirigentes del organismo internacional y ministros y altos responsables de
asuntos sociales de los 55 países de la Región Europea de Naciones Unidas
estudiarán los retos ante el envejecimiento de la población.
La ONU y los países participantes plasmarán las conclusiones del
encuentro en la Declaración de León.
Valcarce se ha reunido hoy con las principales ONG internacionales de
personas mayores para preparar el Foro Internacional de ONG, que se
celebrará el 5 de noviembre.
13 junio 2007.- La secretaria de Estado de Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, ha anunciado hoy
durante un encuentro con ONG internacionales que la ciudad
de León acogerá del 6 al 8 de noviembre la Conferencia de la
ONU sobre Envejecimiento de la Región Europea de la
Organización de Naciones Unidas (que incluye a los Estados
europeos y de Norteamérica, entre otros). La ONU ha
decidido esta sede tras una petición expresa del Gobierno de
España.
A la Conferencia asistirán los máximos responsables de todas
las regiones de la ONU (Europa, África, América Latina y
Caribe, Asia y Pacífico y Asia Occidental), del Fondo de
Población de Naciones Unidas, así como de los programas
sociales y económicos del organismo internacional. Entre los
responsables de la ONU que ya han confirmado su presencia
en noviembre en León destacan Alexander Sidorenko,
responsable del Departamento de Asuntos Sociales y
Económicos, o Marek Belka secretario ejecutivo de la
Comisión Económica para la región europea.
Además, acudirán a León los ministros y altos responsables
SERVICIOS SOCIALES
de asuntos sociales de los 55 países miembros de la Región
Europea de la ONU (ver relación al final del documento).
Por otro lado, también participarán en la Conferencia
representantes de diversos organismos internaciones (OCDE,
Comisión Europea, Consejo de Europa,…), así como
reconocidos expertos e investigadores sobre envejecimiento.
El objetivo de la Conferencia Internacional es revisar el Plan
de Acción de Personas Mayores aprobado en la Asamblea
Mundial del Envejecimiento (celebrada en Madrid en 2002) y
estudiar los retos que supone el envejecimiento de la
población en la región europea de la ONU.
Las conclusiones finales de la Conferencia serán incluidas en
un documento internacional, la Declaración de León, que se
incluirá en la Asamblea Mundial del Envejecimiento de 2012.
Los actos y reuniones de la Conferencia sobre Envejecimiento
tendrán lugar en el Parador de San Marcos.
El programa definitivo de este encuentro se concretará en un
comité preparatorio que se celebrará en Ginebra en el mes de
julio.
FORO INTERNACIONAL DE ONG
Con carácter previo a la conferencia, León acogerá también
un Foro Internacional de ONG especializadas en
envejecimiento. La secretaria de Estado de Servicios Sociales
se ha reunido hoy en la sede el Imserso de Madrid con
representantes de las principales federaciones internacionales
de estas organizaciones para preparar el evento, que se
celebrará el 5 de noviembre.
A la reunión han asistido los responsables de la Federación
Internacional sobre Envejecimiento de Naciones Unidas (IFA),
del Comité sobre Envejecimiento de la Conferencia de ONG
de Naciones Unidas, de la Federación Internacional de
Personas Mayores (Fiapa), de la Federación Europea de
Personas Mayores (Eurag), de la Federación Europea de
Jubilados y Personas Mayores (Ferpa), de la Plataforma
Europea de Personas Mayores (AGE), de Helpage
International y de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz
y la Libertad, además de los de las principales asociaciones
españolas (UDP, CEOMA, Consejo Estatal de Mayores, Cáritas
Española, Cruz Roja y CERMI).
Valcarce ha informado a las asociaciones de la celebración de
este foro en León y ha invitado a estos colectivos a participar
en el evento.
Además, se ha comprometido a incorporar las aportaciones
del Foro a los trabajos de Conferencia.
"Espero que con la colaboración de todos, tanto el Foro de
ONG como la Conferencia de León sean un éxito que redunde
en una mejor calidad de vida y participación de las personas
mayores en nuestra sociedad", ha afirmado la secretaria de
Estado.
PAÍSES PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA DE LA ONU
SOBRE ENVEJECIMIENTO
Albania
Alemania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Canadá
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Kazajstán
Kirguizistán
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Malta
Moldavia
Mónaco
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Tayikistán
Turkmenistán
Turquia
Ucrania
Uzbequistan

Los cuidadores no profesionales serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y el Estado asumirá su cotización

30/05/2007 18:05:59

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 24.05.2007.

Los cuidadores familiares de personas dependientes tienen ya a su disposición el formulario para suscribir el Convenio Especial con la Seguridad Social

Su suscripción se puede solicitar en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social y el formulario está disponible en la web www.seg-social.es

La resolución de la concesión de la prestación económica a la persona asistida, facilitada por cada Comunidad Autónoma, debe dejar claro quién es la persona dependiente, quién el familiar que le atiende y cuántas horas dedica a este cuidado

24 mayo 2007.- Los cuidadores no profesionales, familiares o personas del entorno de las personas dependientes, ya pueden solicitar la suscripción del Convenio Especial con la Seguridad Social para su inclusión en el Régimen General. Los formularios podrán formalizarse por los ciudadanos en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), pudiendo también consultarse en la página web de la Seguridad Social: www.seg-social.es

Con la integración de los cuidadores no profesionales, del entorno familiar de personas dependientes, en el Sistema de la Seguridad Social como cotizantes del Régimen General, este colectivo podrá acceder a prestaciones de que disfrutan los trabajadores (jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia), y a programas de formación.

La cotización de los cuidadores familiares que suscriban el Convenio Especial correrá a cargo exclusivo del Estado, salvo en los casos en que los cuidadores opten por mantener bases previas de cotización, en que la diferencia con la cotización del Estado correrá a su cargo

Quién es la persona dependiente, quién le cuida y cuántas horas

Las Consejerías de Servicios Sociales de las administraciones autonómicas son las competentes para la gestión del procedimiento de concesión de las prestaciones económicas. Una vez concedida la prestación por parte de la Comunidad Autónoma correspondiente, los cuidadores familiares o personas del entorno de personas dependientes, deben dirigirse a las oficinas de la TGSS para suscribir el Convenio Especial de cuidadores no profesionales de personas dependientes y ser dados de alta en el Régimen General.

El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social ha solicitado por carta a los consejeros de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas, que en la resolución de la concesión de la prestación a personas dependientes figure: quién es el cuidador en el entorno de la persona dependiente, la identidad de ambos y el número de horas semanales que el cuidador dedica a su asistencia.

El objetivo de esta petición a las comunidades autónomas es reducir al máximo los trámites para los ciudadanos, pues la copia de una resolución que contenga estos datos será suficiente para que estos cuidadores no profesionales en el entorno familiar suscriban el convenio con la Seguridad Social.

La Tesorería General de la Seguridad Social requerirá de los servicios autonómicos la comunicación de cualquier variación que pudiera incidir en dicho convenio.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, establece un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el que participan y colaboran todas las Administraciones Públicas, correspondiendo a las Comunidades Autónomas, en concreto, la gestión en su correspondiente ámbito territorial de los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia.

6.700 extremeños pueden solicitar ya las ayudas de la Ley de Dependencia

30/05/2007 18:02:05

El Periódico de Extremadura, 27 de Mayo de 2007

Cerca de 6.700 extremeños ya pueden comenzar a tramitar las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en la Ley de Dependencia. Concretamente se trata de aquellas personas que se encuentran en una situación de discapacidad más grave, que son a las que ampara la normativa en este primer año de funcionamiento. Su cobertura se irá ampliando hasta que en el año 2015 se terminen de desarrollar todos los reglamentos y cláusulas del nuevo texto legal. Desde el lunes pueden acogerse al sistema de ayudas los ancianos con mayores necesidades --como aquellos que no pueden comer, ir a la compra, al cuarto de baño, cocinar o acostarse por sí solos--, así como cualquier personas que tenga una discapacidad física, intelectual, sensorial o enfermedad mental con un grado de afectación diagnosticado superior al 75%. Actualmente muchos de estos discapacitados dependen de sus familias o se encuentran en residencias privadas. Con la nueva normativa pueden continuar en la misma situación, pero tanto ellos como sus cuidadores dispondrán de más recursos. En este sentido, se va a analizar cada caso teniendo en cuenta los ingresos y el patrimonio de la persona dependiente --hasta ahora se tomaban como referencia los de la familia--. Así, en función de los resultados se establecerá una compensación económica para acceder a servicios como plazas residenciales o centros de día. Pero además se destinarán fondos a la atención domiciliaria o la asistencia profesional, e incluso se asignará un salario a cuidadores familiares. Con la Ley de Dependencia muchas personas que ocupan buena parte del día a la atención a familiares dependientes van a ver reconocida su labor a nivel laboral, económico y social. De hecho, percibirán un sueldo mensual de 487 euros mensuales y estarán amparados por la Seguridad Social. Serán 10.000 familias de la región las que podrán beneficiarse de la ley en este primer año, aunque las estimaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) son más de 30.000 las personas que cuidan de personas dependientes y 50.0000 los extremeños con discapacidad física --hay que sumar los discapacitados intelectuales--. LA TRAMITACION El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha habilitado un teléfono de información (900 406 080) y las solicitudes se pueden presentar ante los servicios sociales de base de la comunidad autónoma. El formulario puede conseguirse a través de internet, en áreas de salud, centros sociales y asociaciones de discapacitados. Una vez realizada la petición y antes de tres meses desde la presentación de ésta, un equipo de los servicios sociales visitará al solicitante en su domicilio o residencia para comprobar el grado de dependencia. Asímismo, se podrán solicitar informes médicos y fiscales para corroborar el nivel de dependencia. Si la valoración es positiva, el beneficiario deberá ponerse en contacto con los servicios sociales municipales para elaborar un programa individual de atención, ya sean servicios (como ayuda a domicilio, teleasistencia) o una prestación económica. La asignación total del Estado para aplicar la ley hasta el 2015 es de 13.000 millones de euros y las comunidades autónomas aportarán una cantidad similar. Esto supone que la atención a la dependencia en España pasará del 0,3% al 1% del PIB, aunque seguirá aún por debajo de la media europea. No obstante, el Gobierno ha destinado una partida adicional de 6,6 millones de euros a Extremadura para la financiación de esta ley. Para ello se ha tenido en cuenta la estimación de personas dependientes existentes, la dispersión de la población, el nivel de renta, la superficie y los emigrantes retornados de la región.

El Gobierno destina 220 millones de euros adicionales a las CC.AA. para financiar la Ley de Dependencia en 2007

22/05/2007 10:12:51

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 18.05.2007

La distribución de esta partida fue aprobada por el Consejo Territorial de la Dependencia.

Además de este fondo, el Gobierno destina este año a las Comunidades Autónomas hasta 250 euros mensuales por persona dependiente valorada.

Las autonomías deben invertir la misma cantidad, tal y como establece la ley.

Este año, todas las personas que sean valoradas por sus Comunidades Autónomas como grandes dependientes tienen ya garantizado el acceso a servicios sociales públicos (plaza residencial, centro de día o ayuda a domicilio) o a prestaciones económicas.

El Consejo de Ministros ha acordado hoy, a propuesta del titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, destinar 220 millones de euros adicionales a las CC.AA. para la financiación de la Ley de Dependencia en 2007.

Este fondo, que corresponde al nivel acordado del sistema de financiación de la Ley, fue aprobado en la reunión del Consejo Territorial de la Dependencia del pasado 9 de mayo.

Para definir esta distribución, ya aprobada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se ha tenido en cuenta la estimación de personas grandes dependientes, la dispersión de la población, la superficie, la insularidad y los emigrantes retornados de cada Comunidad Autónoma. Además, de los 220 millones, 20 se han distribuido según el nivel de renta para compensar a las regiones con menor riqueza.

Además de este fondo, el Gobierno destina este año a las Comunidades Autónomas hasta 250 euros mensuales por persona valorada como gran dependiente, en virtud del Real Decreto que regula el nivel mínimo de protección del Sistema de Dependencia y que se encuentra ya en vigor.

Tal y como establece la Ley de Dependencia, las Comunidades Autónomas aportarán la misma cantidad que les sea transferida.

En total, teniendo en cuenta el nivel mínimo y acordado, el Estado (Gobierno y Comunidades Autónomas) destinará este año hasta 1.014 euros mensuales nuevos por beneficiario con gran dependencia para financiar la ley.

LEY DE DEPENDENCIA

La Ley de Dependencia ha creado un nuevo derecho universal de ciudadanía en España: el derecho de las personas mayores y de las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas a recibir atención por parte de los poderes públicos.

La norma configura el Sistema de Dependencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo o el Sistema de Pensiones.

Este año tienen garantizada la atención las personas con gran dependencia, que recibirán servicios sociales públicos (una plaza residencial, en un centro de día o ayuda a domicilio) o una prestación económica.

Para acceder a los servicios y prestaciones que garantiza la ley, los ciudadanos deben solicitar una valoración en los servicios sociales de su Comunidad Autónoma.

Los ciudadanos pueden informarse sobre sus derechos, los servicios y prestaciones de la ley en el Servicio Estatal de Información (teléfono gratuito 900 406080), que ha recibido más de 150.000 llamadas desde su puesta en marcha.

La ley de dependencia colapsa los servicios sociales y médicos

21/05/2007 12:27:44

Mediterráneo 14/05/2007

Los trabajadores sociales de la provincia se quejan de falta de personal, recursos y medios materiales. Las asociaciones de personas dependientes insisten en que son necesarios muchos más centros de día.

Cualquier ciudadano de Castellón ya tiene derecho a que se valore su grado de dependencia y a pedir información sobre la ley que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado noviembre. Pero eso es en teoría. En la práctica, la normativa ya está provocando un colapso en la mayoría de los servicios sociales y médicos de la provincia.

Los 173 trabajadores sociales de Castellón llevan varias semanas que no dan abasto. En poco tiempo, han atendido una avalancha de llamadas y visitas de personas en busca de solicitudes y documentación. "Hay muchísimos puntos de la ley que no están nada claros, no tenemos información y estamos muy quemados", dice Sara Nácher, presidenta del Colegio de diplomados en Trabajo Social de Castellón. Estos profesionales se quejan de que les faltan muchos de los formularios y, sobre todo, de que faltan profesionales. "La Conselleria nos ha dicho que van a contratar a 25 nuevos trabajadores en la provincia, 181 en la Comunitat, pero seguirán siendo insuficientes", advierte.

Los trabajadores sociales no son los únicos que se ven desbordados. Los médicos de atención primaria también están recibiendo multitud de consultas y denuncian falta de información. "Muchos pacientes con discapacidad nos solicitan un informe, pero no sabemos qué tipo de documento tenemos que expedir", asegura un facultativo de un centro de salud de Castellón.

MÁS AVANZADAS Pero Castellón no es la única provincia que tiene dificultades para empezar a aplicar la ley de depedencia. En todas las comunidades existen los mismos problemas de personal e información, aunque según el Consejo General de Trabajadores Sociales, Asturias, Andalucía, Extremadura y Castilla y León, van más avanzadas.

Las asociaciones de familiares de personas dependientes también son conscientes de la escasez de medios. Pero incluso van un poco más allá. "El problema es que en Castellón son necesarias muchas más infraestructuras asistenciales", cuenta Amalia Diéguez, presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido Ateneo de Castellón. Diéguez estima que en la provincia hay cerca de 3.000 personas con daño cerebral y todas tendrán derecho a las prestaciones que contempla el texto legal.

Otro de los colectivos afectados, los enfermos de alzhéimer, también reclama una mayor planificación y coordinación en la aplicación de la ley. "Habrá que hacer muchas más residencias y centros de día, ya que los actuales son claramente insuficientes", señala Emilio Marmanéu, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Castellón.

La Conselleria de Bienestar Social, en cambio, asegura que la Comunitat Valenciana será la primera en aplicar la ley de dependencia y ya ha anunciado que aumentará la prestación social máxima para que alcande el salario mínimo interprofesional. "El Estado destinará a la Comunitat 21 millones de euros, el equivalente al 6% de lo que el Consell ya invierte anualmente en las personas dependientes", comenta Alicia de Miguel. La titular de Bienestar Social ha denunciado "la falta de interés del Gobierno central por las políticas sociales, lo que arruina las expectativas levantadas".

Hacia un nuevo sistema catalán de servicios sociales

21/05/2007 10:19:42

El País 19.05.2007

Nos encontramos ante un cambio en el papel que tienen que desempeñar los servicios sociales en el desarrollo de la sociedad catalana del siglo XXI. Este cambio se hará gracias a la nueva Ley de Servicios Sociales que está tramitándose actualmente en el Parlament. Una parte de este nuevo sistema de servicios sociales es lo que el Departamento de Acción Social y Ciudadanía está desarrollando a partir de la aplicación de la Ley de la Dependencia, como un subsistema de la futura ley catalana de Servicios Sociales.

Este nuevo modelo de servicios sociales que impulsa el Gobierno de la Generalitat está pensado para pasar de la asistencia al derecho, para acercarlo en torno a la persona y, en consecuencia, para desarrollar un sistema de acceso a los servicios sociales para toda la ciudadanía. Hablamos de un cambio global que nos tiene que llevar a una sociedad más amable, más inclusiva, más humana.
Este nuevo sistema, que justo ahora acaba de nacer, quiere contar con todas las partes implicadas: las diferentes administraciones, las entidades del tercer sector y de iniciativa privada. En este punto hay que aclarar que no empezamos de cero y que sólo en 2006 el Gobierno de la Generalitat invirtió en este ámbito más de 700 millones de euros a través del Departamento de Acción Social y Ciudadanía.

La nueva Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Situación de Dependencia tiene dos partes bien diferenciadas, la promoción de la autonomía y la atención en la dependencia. Trabajar en pro de la autonomía personal significa trabajar por la capacidad de decidir de cada una de las personas, y éste es probablemente el mayor reto del desarrollo de todo el sistema. Al mismo tiempo, este año daremos prioridad a la mejora de la atención a las personas más dependientes, que en Cataluña, de acuerdo con los datos de que disponemos, son cerca de 35.000.

Una vez la persona dependiente, o su entorno familiar, haya entregado la solicitud -el próximo 21 de mayo es el primer día para poder enviarlas-, será visitada por un equipo profesional de evaluación que, convenientemente acreditado, acudirá al domicilio o el centro de residencia de la persona solicitante. A partir de esta evaluación se hace una propuesta de servicios y de prestaciones, que se llevará a cabo a través de los servicios sociales municipales o comarcales, desde donde se realizará un Plan Individual de Atención (PIA). Una vez acabado este proceso, la persona recibirá el servicio o la prestación estipulada para garantizar la autonomía personal y la atención a la situación de dependencia.

La oferta que se hace a cada persona mayor dependiente consolida los servicios sociales existentes, incrementa la intensidad de estos servicios y las condiciones de acceso. El cambio significativo de este proceso es el acercamiento de la decisión al entorno más próximo, el que sin ningún tipo de duda hará que se mejore el resultado de los servicios o prestaciones otorgados, como teleasistencia, atención domiciliaria, centro de día, residencia o asistente personal.

De esta manera, con el despliegue de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Situación de Dependencia y con la Ley de Servicios Sociales de Cataluña, en el Departamento de Acción Social y Ciudadanía queremos contribuir a crear un Estado de bienestar mucho mejor para este país.

Carolina Homar i Cruz es directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat.

Alertan de que el 55% de los cuidadores familiares sufren aislamiento social

18/05/2007 13:05:18

La Voz Galicia, 18.05.2007

El 55% de los cuidadores familiares sufren aislamiento social y entre el 38 y el 70% de ellos afirman no tener tiempo para desarrollar otras actividades, lo que lleva parejo un elevado riesgo de sufrir una patología psiquiátrica, entre las que la ansiedad y la depresión son los trastornos más habituales. Sobre esta situación alerta la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) en la guía titulada Atención a las personas mayores, y de ello y de la atención sanitaria a la dependencia se debatirá en Valladolid este fin de semana, en el marco del noveno Encuentro del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria, que reúne a más de 300 médicos. En España, el perfil del cuidador familiar corresponde al de una mujer de unos cincuenta o sesenta años, hija o nuera del enfermo, que no trabaja fuera de casa y que lleva entre cuatro y ocho años cuidando al paciente. La sobrecarga física y psicológica a la que se ven sometidas este tipo de cuidadoras se traduce en que la incidencia de problemas psíquicos en ellas es un 40% superior a la media.

El Gobierno regula el nivel mínimo de Dependencia

16/05/2007 14:08:05

Gaceta de los Negocios, 14 de Mayo de 2007

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un real decreto que regula el nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El texto forma parte del desarrollo reglamentario de la Ley de Dependencia. Así, en este nivel mínimo, el Gobierno destinará 250 euros mensuales a las comunidades autónomas por persona valorada con gran dependencia nivel 2 (los casos más graves) y 170 euros, por gran dependiente nivel 1. Según el Gobierno, las personas mayores y las personas con discapacidad que sean valoradas como grandes dependientes tienen garantizados este año los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia

El Comité Económico de la UE pide un pacto por la familia contra la crisis demográfica

16/05/2007 14:03:01

La Razón, 15.05.2007

Aún queda mucho por hacer. Es la denuncia de las principales asociaciones con motivo del Día Internacional de la Familia. Y es que la esperanza de vida de la población europea aumenta y el reducido número de hijos por mujer amenaza con fracturar los sistemas sociales. Este desequilibrio entre generaciones, según las previsiones de la Comisión Europea, podría provocar que en el año 2050 hubiera dos europeos en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más. Un dato alarmante teniendo en cuenta que en la actualidad esta relación es de cuatro personas en edad de trabajar por cada jubilado. Por este motivo, el Comité Económico y Social de la UE, que ha calificado la situación demográfica europea de «fenómeno sin precedentes», aboga por la firma de un pacto en favor de la familia entre los estados miembros. El Comité, ante tales dificultades previsibles, ha instado a los países miembros, en un dictamen al que ha tenido acceso este periódico, a presentar un plan de acción plurianual con medidas sancionadas por la práctica de los estados miembros en materia de política en favor de la familia y conciliación de la vida familiar y laboral. En España, la mayoría de las parejas, según un estudio del Instituto de Política Familiar (IPF), aseguran que tienen menos hijos de los que desearían porque afirman que los ingresos medios de una familia no permiten tener más de dos vástagos en el mejor de los casos. Por este motivo, uno de los compromisos que incluye la firma del pacto entre los estados es la afirmación de la voluntad de los países de intentar poner en práctica políticas que respondan a las expectativas de la población con respecto al número de hijos que deseen las parejas de la UE. Presupuestos mínimos Otro de los puntos importantes del pacto propuesto es el establecimiento de unos presupuestos mínimos destinados a los hijos y a la familia. Se trataría de crear prestaciones financieras directas a la familia, adaptaciones fiscales, ofertas de equipamientos públicos o privados, escuelas con horario continuado y una amplia oferta de servicios viables económicamente. Además, los estados de la Unión Europea deberán garantizar un entorno favorable para las familias, lo que supondría el compromiso de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, teniendo en cuenta la evolución de los modos de vida y de trabajo (horarios fragmentados, distancia, incremento del precio de las viviendas, la ausencia de infraestructuras para la infancia...). Dado que las políticas familiares deben desarrollarse a largo plazo, el dictamen del Comité propone a la Unión Europea insistir en la urgencia de la situación y sugerir a los estados miembros un compromiso de permanencia y de continuidad de las medidas adoptadas en favor de la infancia y las familias, puesto que la pervivencia de este tipo de políticas es una de las claves de la mejora de la situación demográfica europea. Este compromiso, especifica el texto del organismo comunitario, debería traducirse en el mantenimiento de los ingresos destinados a la juventud en relación con el gasto en salud y jubilaciones, cuyo incremento parece inevitable a la vista del envejecimiento de la población. Esperanza de vida Y es que el aumento de la esperanza de vida de los europeos podría tener grandes repercusiones en el mercado de trabajo, la productividad y el crecimiento económico, así como en la protección social y las finanzas públicas. El Comité asegura que en una primera fase podría aumentar la tasa de empleo de las mujeres y de los trabajadores de entre 55 y 64 años (hasta 2017 aproximadamente), pero no sería más que un respiro, porque después el cambio demográfico dejaría caer todo su peso en el crecimiento económico. Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población europea podría llevar, si no se toma ninguna medida, a aumentos significati vos del gasto público (jubilaciones, atención sanitaria y servicios para las personas mayores) que, al incrementar el déficit presupuestario, llevarían a una espiral de deuda pública insoportable. Estos motivos han provocado que el Comité inste a la UE a crear medidas de protección para la familia que responde a «una aspiración natural y esencial del ser humano».

De la Riva anuncia un plan de cuidados para mayores y sistemas de atención de emergencia para dependientes

16/05/2007 13:53:17

Europa Press, 16.05.2007

El actual alcalde de Valladolid y candidato a la reelección, Francisco Javier León de la Riva, anunció hoy que en caso de que gane las elecciones elaborará un Plan de Cuidados específico enmarcado en el Plan Municipal de Personas Mayores y sistemas de atención de emergencias para dependientes. León de la Riva, en rueda de prensa, aseguró que frente a las críticas de los socialistas que dicen que su programa es "más de lo mismo" ahora en Valladolid, tras 12 años de mandato del PP, hay "mucho más" de lo que dejó el PSOE y aseguró que desde 1995 su partido ha incrementado el gasto social en un 215 por ciento cuando la población en este mismo periodo lo ha hecho tan sólo en un 0,04 por ciento. Con este aval, aseguró que desde el PP de Valladolid se trabaja en dar los mejores servicios a todos los ciudadanos, "sin excepción", con servicios de calidad como premisa "irrenunciable", servicios adaptados a las necesidades de cada persona y administrados eficazmente con fondos públicos y con la aportación de cada usuario proporcionalmente a su capacidad económica, de forma que aporte quién más tenga. Asimismo, se comprometió a que se adscriba a un único profesional para la orientación y atención familiar a través de un sistema de acceso único, el centro de acción social más próximo a cada domicilio a través del servicio municipal 010. León de la Riva afirmó que los mayores tienen que seguir siendo "los protagonistas de sus vidas", permanecer en su entorno y recibir apoyos específicos en función de sus nuevas necesidades, así como, en su caso, disponer de una alternativa a su domicilio en caso de que lo precisen. En este contexto, anunció un Plan Municipal de Personas Mayores con recursos, programas, agentes sociales y profesionales que priorice que las personas mayores estén informadas de los recursos puestos a su alcance. Precisamente en este contexto es en el que enmarca el Plan de Cuidados y la visita a domicilio anual gratuita a todas las personas mayores de 65 años de la ciudad, que se cifran en unas 58.000, unas 78.000 si se tienen en cuenta a partir de los 60. ESTANCIAS DIURNAS Además, el primer edil aseguró que se apostará por las personas mayores con autonomía personal a través de la consolidación e incremento de la red de centros de personas mayores en la ciudad, todos ellos con unidad de estancias diurnas. Así, indicó que habrá una en la Zona Este, otra en la Zona Centro y otra en Delicias. De la misma forma, prometió ciberaulas en todos los centros de personas mayores y la garantía de al menos 500 huertos ecológicos para el disfrute de los mayores de la ciudad, ya que actualmente hay 450 y lista de espera. Los populares proponen además el incremento de la animación sociocultural, los talleres, con hasta 3.000 plazas al año, cifra que asciende a las 12.000 en el caso de las actividades abiertas. Asimismo, propuso ciberaulas en todos los centros de personas mayores. El actual alcalde aseguró que continuará el programa de alojamientos compartidos de convivencia, tutelaje y mutuo conocimiento entre mayores y universitarios, puesto en marcha recientemente, y se comprometió en aumentar las plazas en un 100 por cien. Por otro lado, León de la Riva se comprometió a prestar una especial atención a las personas mayores con predependencia, que cifró en unas 8.000 en el término municipal, y afirmó que se impartirán 500 horas anuales en talleres de predependencia de forma gratuita para que las personas que lleguen a una situación de dependencia sepan cómo afrontarla. Además, aseguró que se pondrá en marcha el Programa Emérito para personas mayores de 85 años (unas 7.300 en la ciudad) que vivan solos o con otra persona mayor y, de forma gratuita, se les proporcione un plan de cuidados con un mínimo de dos visitas domiciliarias al año, facilidad para realizar trámites en el domicilio, telecompra, telefarmacia o reparaciones básicas del hogar, entre otros aspectos. ATENCIÓN A LA DEPENDE NCIA En otro ámbito, el alcalde afirmó que una prioridad de su programa son las personas en situación de dependencia, que cifró en unas 4.000, y recordó que los ayuntamientos no cuentan con ayuda estatal. Sin embargo, garantizó una atención para estas personas dependientes a las que el sistema nacional de atención a la dependencia no reconocerá derecho a prestación. Así, indicó que se articularán sistemas de atención de emergencia para personas en situación de dependencia, se mantendrán la ayuda a domicilio y la teleasistencia sin listas de espera como hasta ahora y se dará mayor cobertura de estancias diurnas apostando por una "auténtica" red municipal. En concreto, se comprometió a incrementar hasta 100 plazas de estancias diurnas, un servicio específico en fines de semana y festivos para facilitar el respiro familiar y estancias diurnas a la carta, con el consumo de franjas horarias adaptadas a las necesidades familiares y no al revés. En la misma línea, anunció un servicio de canguros mediante cheques servicio para personas dependientes y un programa de respiro familiar para el descanso de familias con personas mayores dependientes mediante la atención de urgencia con canguros y la atención planificada ofreciendo a las familias la posibilidad de cuidar de la persona mayor dependiente a su cargo durante 20 días al año, con estancia residencial en el Centro Integrado de Servicios a la Dependencia. Además, aseguró que se pondrá en marcha un comedor para personas mayores válidas con escasos recursos que complemente al que se encuentra frente al Teatro Calderón. El alcalde también prometió apoyo a las familias desde el punto de vista económico, facilitando la contratación de cuidadores que atiendan a las personas dependientes, la formación a familias cuidadoras de mayores dependientes y la garantía de 5.000 horas al año de atención psicoterapéutica en domicilio para personas con Alzheimer y sus familias. Todo ello, aclaró León de la Riva, reclamando a la Junta y al Estado el apoyo y la financiación para programas que considera "vitales" y que sean de elevada cuantía como para costearlos desde el Ayuntamiento.

Ciudadanos dependientes

14/05/2007 14:53:25

País vasco | EL PAIS 14.05.2007

Apenas ha echado a andar y a la ley de Dependencia ya le persigue la polémica. La convocatoria electoral ha hecho que la controversia aumente y todos los partidos e instituciones se afanen por presentar sus propuestas. En el caso de Euskadi, la bronca llega por partida doble. Por una parte, el Gobierno vasco difiere de las ayudas que la Administración central prevé dedicar a los cuidadores y a sufragar el coste de las residencias. Por otro, las tres diputaciones arremeten contra el propio Ejecutivo de Vitoria, al que tachan cuando menos de "inoportuno" por airear que en Euskadi las personas que se dediquen al cuidado de familiares dependientes percibirán un sueldo que superará con amplitud la renta básica, que actualmente asciende a un total de 496 euros.

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Y todo ello cuando aún no se puede aplicar la citada ley en todos sus extremos, dado que aún se encuentran pendientes de aprobar dos de los decretos de mayor trascendencia: la lista que incluye todas las prestaciones y la parte de la asistencia que tendrá que pagársela de su bolsillo el ciudadano, lo que se conoce como el copago.

En una de las últimas reuniones celebradas en Madrid la pasada semana, las comunidades se pusieron de acuerdo sobre el grado de dependencia que se debe acreditar para reclamar una plaza en una residencia, para exigir los servicios de un centro de día o para solicitar la ayuda a domicilio. Supone un primer paso muy importante para que las comunidades empiecen a concretar sus prestaciones y ayudas económicas. Así, ya se puede ir evaluando la dispacidad de las personas dependientes, aunque sin conocer las prestaciones y el copago, los ciudadanos afectados no pueden hacerse una idea exacta de lo que les va a aportar el sistema de dependencia.

La atención a los cuidadores es uno de los puntales de la ley. Según un estudio del Gobierno, Euskadi suma 65.000 hogares en los que alguna persona precisa atención. EL PAÍS se ha acercado hasta la realidad de dos de estos cuidadores, en este caso ambos hombres, para conocer cómo es su día a día, sus preocupaciones y sus esperanzas con relación a lo que les puede deparar la ley.

El PSE apremia a las diputaciones a desarrollar la ley de Dependencia

14/05/2007 14:48:16

País vasco | EL PAIS 13.05.2007

En plena polémica entre las administraciones por la puesta en marcha de la ley de Dependencia, el candidato del PSE a dirigir la Diputación de Vizcaya, José Antonio Pastor, se comprometió ayer a desarrollar esta norma desde el Gobierno foral si sale elegido. Pastor apremió a las diputaciones a que apliquen una ley que "hará a las familias más libres" al garantizar el cuidado de sus familiares enfermos.

La ley de Dependencia no ha podido escapar a la polémica ni cuando se gestaba en el Congreso ni después de ser aprobada. En el caso de Euskadi, esta polémica llega por partida doble. Por una parte, el Departamento de Asuntos Sociales, en manos de EB, considera insuficientes las ayudas previstas por el Gobierno central para los cuidadores y las residencias y anuncia que serán "ampliamente" superadas en Euskadi. Por otra, la Diputación de Vizcaya, controlada por el PNV, advierte con contundencia a la consejería de que no cree falsas expectativas entre los ciudadanos con la cuantía de esas ayudas. Sobre todo, teniendo en cuenta que son los ejecutivos forales los que deberán pagar al ser los competentes en esa materia.

Pastor reconoció en un acto en Erandio que no "va a ser fácil" desarrollar la ley y que su aplicación exigirá un despliegue económico y de recursos en los próximos años "sólo comparable al de sanidad y educación". Sin embargo, destacó que si es elegido tratará de que la norma se aplique cuanto antes. Pastor aludió a las reticencias de las diputaciones, dos de ellas gobernadas por el PNV, y a la forma de hacer política de los nacionalistas.

"Desde el nacionalismo que nos gobierna lo que importa son los territorios, las competencias y las parcelas de poder, dejando a las personas en un segundo plano", dijo. Por eso, un ciudadano que vive en Vizcaya tiene menos opciones de ingresar en una residencia para ancianos si lo necesita que un alavés, cuya provincia está mejor dotada en estos servicios.

Norma revolucionaria
Según Pastor, la ley de Dependencia "va a revolucionar este país". Para conseguirlo, los socialistas van a establecer la responsabilidad pública sobre los servicios que se presten, aunque los ofrezca una entidad privada. Pastor también aseguró que si el PSE llega a la Diputación vizcaína se reducirán los plazos de tramitación de solicitudes para ingresos en residencias hasta un máximo de 40 días y se reorganizarán los centros de día, dando servicio los fines de semana y las noches.

En esta carrera por mejorar los servicios sociales, también entró ayer el candidato del PNV a la Diputación de Álava, Xabier Agirre, quien prometió hasta mil nuevas plazas para ancianos en residencias, centros de día, apartamentos tutelados y centros gerontológicos. "Álava necesita un impulso decisivo para volver a acercarse a los parámetros europeos más avanzados", resaltó.

En esa línea, anunció "cambios de calado" en la estructura del sistema público de servicios sociales, aunque en ningún momento se refirió al desarrollo de la ley de Dependencia ni su influencia en Euskadi. Tan sólo dejó caer que es "prioritario reconstruir y potenciar el sistema de servicios sociales de cara a favorecer la integración social y la autonomía de las personas y sus familias".

El secretario general del Imserso afirma que la ley no dejará fuera a ninguna persona dependiente

14/05/2007 14:39:54

El Norte de Castilla, 11.05.2007

En pleno debate sobre la falta de desarrollo reglamentario que padece la Ley de Dependencia y las trabas con las que se encuentra la Junta de Castilla y León para llevarla a cabo, el secretario general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Ignacio Robles, participó ayer en unas jornadas informativas sobre esta legislación y sus ventajas, especialmente a la hora de crear empleo. En un primer lugar, Robles despejó cualquier duda y aseguró que «ninguna persona dependiente se quedará fuera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia». El secretario general del Imserso reconoció que Castilla y León es una de las comunidades autónomas con mayor número de beneficiarios potenciales de las ayudas que ofrece la Ley de Dependencia. Este panorama viene propiciado por la elevada tasa de envejecimiento que sufre la región, con Ávila y Zamora a la cabeza de la Unión Europea en este índice. A esta circunstancia hay que añadir la dispersión de los municipios en los que residen estas personas. Aún así, la ley establece que habrá unas prestaciones mínimas que llegarán a todas las personas dependientes, afirmó el secretario general del Imserso en su intervención de ayer en la capital segoviana. Otro aspecto destacado en el marco de la Ley de Dependencia son los llamados Centros de Referencia Estatal, también conocidos como Centros de Respiro. De ellos, cuatro se abrirán en Castilla y León en el 2007. Cada institución de este tipo contará con plazas para entre 118 y 120 usuarios y tiene previsto tener 180 empelados. Además de asistir a las personas dependientes, estos centros servirán también para atender las necesidades de sus familias, formando e informando a los cuidadores familiares. Ignacio Robles participó en unas jornadas organizadas por la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Segovia, a través del Programa Factor-e. Esta iniciativa ha diseñado desde su origen varios cursos centrados en al atención a las personas mayores y dependientes. En la edición actual se están impartiendo seis cursos y se está formando a noventa profesionales en este ámbito, la mayoría mujeres.

Aprobados los servicios y prestaciones a la dependencia con las quejas del PP

11/05/2007 10:06:04

Diario Oficial de Galicia 10.5.2007

MADRID. La ley de dependencia ha entrado en su recta final sin el consenso de todas las fuerzas políticas, como no ocurrió en su día, cuando fue aprobada por mayoría en el Pleno del Congreso de los Diputados. Ayer, las comunidades populares mostraron su rechazo y desacuerdo con las últimas cuestiones que faltaban por resolver de esta ley. Por un lado, la cartera de servicios y prestaciones económicas que recibirán las personas que no pueden valerse por sí mismas. Y por otro, la forma en la que el Gobierno ha repartido los 220 millones de euros adicionales destinados a la atención de dependientes.

Ante el Consejo Territorial de Dependencia -donde están representados el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las comunidades y los ayuntamiento-, que se reunió ayer, las autonomías de PP se quejaron, sobre todo, de la escasa financiación que aporta el Gobierno para atender a las personas dependientes, dejando «todo el peso de este gasto a las autonomías». Además, consideran que han salido perjudicadas a la hora de distribuir los 220 millones de euros -sobre todo las comunidades de Madrid, La Rioja y Valencia-, lo que va a generar un «gran desequilibrio territorial».

Financiación

Y es que ayer ya se conocieron algunas cifras más sobre lo que va a costar a unos y a otros la atención a la dependencia. Se ha calculado que los cuidados de un gran dependiente requieren 1.014 euros al mes. Esa es la cifra que ha fijado el Gobierno, a pesar de que algunas comunidades estiman que el coste es muy superior. Valencia, por ejemplo, dice que oscila entre 1.500 y 2.500 euros.

De esa cantidad, el Gobierno garantiza un mínimo, que son 250 euros para los grandes dependientes que se encuentran en peores situaciones (grado III, nivel 2) -y 170 euros para los que están en condiciones más amables (grado III, nivel 1)-.

Después, otros 257 euros (hasta llegar al 50% del coste total) están condicionados al convenio al que lleguen la comunidad autónoma correspondiente con el Ejecutivo. Es decir, como explicó la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, «si no hay convenio con una comunidad, ésta sólo recibirá el nivel mínimo. Por cada euro que ponga el Gobierno para garantizar el nivel mínimo de protección y por cada euro que ponga para el nivel que acuerde con la comunidad, la autonomía tendrá que poner también esos dos euros».

El peso de las comunidades

El otro 50% restante de todo lo que cuesta la atención a un gran dependiente (1.014 euros), es decir, otros 507 euros, también serán sufragados por la autonomía. Hay que recordar que todas esas cantidades son adicionales a lo que las comunidades ya están gastando en cuidar a personas dependientes, pues ellas son las que tienen transferidas las competencias para ello.

Con la reunión de ayer, el Gobierno ya da por completado el desarrollo de la ley de dependencia. De hecho, Valcarce animó a los ciudadanos que ya cuentan con «una resolución sobre su grado y nivel de dependencia a que soliciten a las comunidades los servicios y prestaciones económicas» que se aprobaron ayer.

Sin embargo, hay una cuestión trascendental que queda pendiente y que se solventará en los próximos seis meses: la contribución económica que realizarán los usuarios por los servicios que precisen. Al no estar resuelto el asunto del copago -una práctica que ya realizan las comunidades para servicios residenciales sobre todo-, las autonomías del PP estiman que van a coexistir 17 leyes de dependencia.

¿Quién cuida a las cuidadoras?

09/05/2007 12:24:36

El País, 07.05.2007

El anciano ha tirado la cuchara con el puré a la cara de su hija y todavía con la boca llena le escupe algunos insultos. Igual que ayer y que antes de ayer; como siempre. Hace años que el hombre ha perdido la cabeza y su hija siente que ella va camino de perderla también. Situaciones como esta ocurren a diario en muchos hogares españoles. Los médicos de familia lo saben bien porque ellos son los que visitan a los ancianos dependientes y a sus hijas y nueras. Por eso ahora, con la ley de dependencia a punto de arrancar, los médicos piden que no se pierda de vista a las cuidadoras (mujeres, en su inmensa mayoría) que tienen a su cargo a padres, hijos o esposos con alguna discapacidad. Entre un 50% y un 60% de las cuidadoras muestra algún trastorino psíquico, fundamentalmente ansiedad. Y entre el 25% y el 30% ha recibido un diagnóstico por depresión. Esto es casi el doble de la población normal equivalente, es decir, de las mujeres con la misma edad y las mismas caracteríticas pero sin dependientes a su cargo, explica el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Asensio López. Por tanto, el consumo de psicofármacos es más alto entre las cuidadoras, que suele ser una mujer de 60 a 65 años sin muchos estudios. Pero sólo el 60% de las que lo necesitan toman la medicación que precisarían. Son muy reticentes porque, para ellas, aceptar que tienen que medicarse es sentir el fracaso, la claudicación. Es aceptar que no pueden con la responsabilidad que tienen. Ellas dicen que no pueden estar enfermas porque entonces, ¿quién cuidará al dependiente?, afirma López. ¿Y si pierdo la concentración? ¿Y si me llama por la noche y no me despierto? Son las preguntas que escuchan los médicos de familia en sus consultas. Y aún ven casos más lacerantes. Cuando las cuidadoras tienen a su cargo a personas con trastornos psiquiátricos severos, madres con hijos esquizofrénicos, por ejemplo, ellas precisan también tratamiento psiquiátrico en un 80% u 85%, señala López. Aunque los tratamientos no son permanente sino temporales, en función de las recaídas. Así pues, la incidencia de problemas psíquicos entre las cuidadadoras es un 40% superior a la media. Y muchas de ellas, apenas aceptan tomar unos analgésicos porque el desgaste físico que sufren también es considerable. Se trata de mover a personas que poco o nada pueden poner de su parte, meterlos en la cama, asearlos, levantarlos de la silla, volverlos a sentar. Y no siempre las casas están adaptadas para facilitar estos cuidados. Eso acaba en dolores de espalda, cervicales, mareos, un desgaste físico y psíquico que se extiende a veces como una mancha de aceite sobre el bienestar de toda la familia. Los médicos de cabecera creen que ellos deben encargarse de cumplimentar un primer informe sobre la situación del dependiente y del cuidador antes de que éste sea evaluado para acceder a los servicios y las prestaciones que establece la nueva ley. Sabemos de primera mano su situación y podemos prever la evolución que tendrá la enfermedad y planificar cuidados activos para ambos, rehabilitación, actividades para aliviar el agobio y la presión. Pero advierten que todo esto precisa recursos y apoyo, porque las cuidadoras necesitan tiempo para ellas mismas. Los ayuntamientos suelen tener trabajadores por horas a disposición de estas mujeres; hay también ayudas regionales; y este año llegarán las prestaciones vinculadas directamente a la ley de dependencia. Pero de nuevo, las cuidadoras parecen ser el eslabón más débil de la cadena. El Gobierno ha propuesto a las comunidades que los dependientes más graves y con menor capacidad económica perciban hasta 780 euros mensuales para residencias, centros de día, y también si es un asistente profesional el que lo atiende. Pero si es para cuidados en el entorno fam iliar la cuantía máxima que recibirán estas mujeres es de 487 euros. No se conoce con exactitud el número de dependientes en España, aunque las cifras que ofrece el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hablan de 1,1 millones, la mayoría mayores de 65 años; ni tampoco se sabe cuántos de estos son atendidos en casa. Pero una encuesta entre ancianos del Imserso publicada en 2004 destacaba que en más de un millón y medio de hogares alguien de la familia se encargaba de cuidar al abuelo. En un 83% de los casos eran mujeres las cuidadoras. Esa misma encuesta revelaba que dos tercios de ellas tenían problemas personales y económicos (un 26% no podía trabajar fuera de casa y un 11% abandonó su empleo). Más de la mitad afirmaba tener problemas de salud y un 45% un padecimiento crónico. Ante una situación como esta, los médicos son conscientes de que quizá no basta con una ayuda económica para estas cuidadoras, sino que se han hecho acreedoras de tiempo para ellas y sólo para ellas. A muchas de estas mujeres se las impidió estudiar hace décadas, tenían que cuidar a la familia. ¿Y ahora, quién las cuida a ellas?

Los dependientes podrán ser cuidados por inmigrantes formados en sus países de origen

09/05/2007 12:23:35

ABC, 07.05.2007

J. PÉREZ-BARCOMADRID. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha sentado las bases para comenzar a impartir programas de formación profesional que preparen a inmigrantes en sus países de origen M. J. PÉREZ-BARCO MADRID. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha sentado las bases para comenzar a impartir programas de formación profesional que preparen a inmigrantes en sus países de origen con el objetivo de que, a corto plazo, puedan atender a las personas dependientes. A pesar de que el Ministerio niega que ya se hayan puesto en marcha estos cursos e insiste en que «no se ha avanzado ni se sabe nada» de esos proyectos de formación, lo cierto es que una orden ministerial de febrero, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), regula tal posibilidad. Este mandato permite que empresas y organizaciones puedan formar y contratar a inmigrantes como auxiliares de enfermería de geriatría, asistentes domiciliarios y asistentes-acompañante de personas. La orden regula, en concreto, las subvenciones que se pueden otorgar para financiar los programas destinados a la formación e inserción laboral de trabajadores inmigrantes. Una vez finalizado el periodo de preparación, las entidades que han impartido esos cursos están obligadas a contratar a parte de sus alumnos, «preferentemente por tiempo indefinido». Ocupaciones y profesiones La formación y la posterior contratación se realizarán para ocupaciones que se encuentren «en el contingente de trabajadores extranjeros en vigor o en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura». Y tanto en uno como en otro documento aparecen profesiones relacionadas con el cuidado a las personas dependientes: en concreto, auxiliar de enfermería de geriatría, asistente domiciliario, asistente-acompañante de personas y cuidador. Por tanto, para todos esos casos el Gobierno concederá subvenciones y ayudas a entidades que formen a inmigrantes en sus países de origen y después «asuman el compromiso de contratación de un porcentaje» de ellos. Junto a las ocupaciones relacionadas con la dependencia aparecen otras del sector de la construcción, de servicios y hasta licenciaturas de diferentes especialidades de medicina. Los programas de formación, que serán gratuitos para los inmigrantes, pueden ser impartidos tanto por entidades públicas como privadas, así como españolas y extranjeras. La orden ministerial recoge que en la selección de los alumnos podrán participar las embajadas y las consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales de las comunidades. Las subvenciones que se concedan se cargarán al Servicio Público de Empleo Estable, para su gestión directa en los Presupuestos Generales del Estado. Un filón de empleo De esta forma se abre la puerta a la formación y contratación de inmigrantes para un sector, como la atención a las personas dependientes, que se ha convertido en un nuevo filón de empleo desde donde lloverán miles ofertas durante los próximos años para muchos tipos de profesionales. No en vano, cuando la ley de dependencia se encuentre totalmente implantada y a pleno rendimiento, en 2015, recibirán asistencia más de 1,2 millones de españoles que precisan ayuda para realizar tareas básicas de su vida diaria. Y se calcula que para resolver esas situaciones se crearán alrededor de 300.000 nuevos nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, hasta el propio ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ya ha advertido de la falta de mano de obra en nuestro país para cubrir esos puestos. Así lo expresaba, apenas quince días antes de la aprobación de la ley de dependencia (el pasado 30 de noviembre) en unas jornadas organizadas por el Instituto Edad&Vida. El ministro adelantaba por entonces que, con toda seguridad, la cantera de donde obtener los profesionales para atender a los dependientes provendría de la inm igración. Peticiones a otros países Ante esta situación, no es de extrañar que España llame a la puerta de otros países. De hecho, ya ha dado ese paso. El contingente de trabajadores extranjeros para 2007 propone 1.466 puestos relacionados con la atención a la dependencia: se han pedido a otras naciones 1.250 auxiliares de enfermería de geriatría, 146 cuidadores profesionales y 70 asistentes domiciliarios para las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Madrid y Murcia. Sorprende el caso de Madrid, que ha solicitado mil auxiliares de enfermería de geriatría de otros países. Desde luego, la atención a las personas dependientes tiene todo un futuro por delante. Hoy día, esos cuidados los prestan las propias familias en más del 80 por ciento de los casos. La cobertura del sistema sanitario y los servicios sociales resulta claramente insuficiente. En nuestro país, y en el caso de las personas mayores de 65 años, sólo el 3,5 por ciento recibe ayuda a domicilio, lo que supone 256.992 plazas para un colectivo que ya representa más de 7,2 millones de personas. Peor es el caso de los centros de día. Cubren al 0,5 por ciento de esta población, es decir, sólo hay 39.554 plazas para atenderlos. Y también las residencias son escasas: 283.143 plazas, de las que más de la mitad son privadas y sólo un 25 por ciento públicas.

Aragón está preparado para aplicar la Ley de Dependencia en cuanto se aprueben los reales decretos

09/05/2007 11:59:38

Aragón Digital 08.05.2007

El consejero de Servicios Sociales y Familia, Miguel Ferrer, ha advertido que Aragón está en condiciones de aplicar la Ley de Dependencia en cuanto sean aprobados los reales decretos que detallan servicios, condiciones y cuantías económicas. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el baremo de dependencia.

La Ley se aplicará en Aragón en dos meses cómo máximo
Zaragoza.- “Estamos preparados para aplicar la Ley de Dependencia en cuanto se den las circunstancias necesarias para ello”, ha advertido este viernes el consejero de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Miguel Ferrer, quien ha recordado que la norma permitirá que todas las personas dependientes de grado tres sean atendidas por el propio sistema en cuanto sean aprobados los reales decretos.

Precisamente, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia acordó ayer instar a la comisión delegada (formada por los directores generales de Dependencia de todas las Comunidades Autónomas) a trabajar en los reales decretos que detallarán la puesta en marcha de la ley. Y que determinan, como ha explicado el consejero, “la intensidad de protección de los servicios, la compatibilidad o no entre los servicios, y la protección de los beneficiados desplazados y emigrantes retornados. Así como el proyecto sobre condiciones de acceso y cuantía de las prestaciones, y el proyecto sobre acreditación de centros y servicios y entidades”.

Por otro lado, Ferrer ha comentado que este viernes estaba previsto que el consejo de ministros apruebe el baremo y, “a partir de ese momento, dispondremos del documento necesario para poder determinar el grado de dependencia de las personas”. Y ha continuado: “Una vez la comisión delegada apruebe todas esas cuestiones, y teniendo ya el baremo, podemos dar a cada persona el recursos necesario o la prestación social sustitutoria”.

Los reales decretos garantizar que tanto los baremos como las presentaciones sean las mismas en todas las Comunidades Autónomas. Sin embargo, Aragón sigue insistiendo en que se tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población del territorio, que encarecería los servicios. Actualmente, ya hay 6.000 personas con gran discapacidad atendidos en dependencias autonómicas, aunque se calcula que existan unas 3.000 más que ahora podrán cumplir los requisitos para acceder a los servicios o a las prestaciones.

El Gobierno de Aragón ya ha empezado el proceso de selección de las 25 personas que formarán parte de los equipos de valoración (integrados por fisioterapeutas, ATS, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales) y que empezarán a trabajar en cuanto se aprueben los decretos, cuya publicación Ferrer espera que no se demore más de dos meses. Asimismo, se reforzará el servicio de inspección de centros y el equipo de reclamaciones del grado de valoración, que dictará la directora general de Dependencia.

Ferrer ha advertido que se sigue manteniendo el día 24 como fecha para empezar a recibir datos, aunque “no se pueden presentar las instancias hasta que no tengamos los requisitos para dar una respuesta adecuada”. Los interesados en disfrutar de los servicios de Dependencia deberán presentar, además de la instancia que se acuerde, el informe social y el informe médico. “Después, con la instancia y los dos informes, se valorará el grado de dependencia y se dará el servicio o la prestación necesaria”, ha puntualizado Ferrer, quien ha subrayado que en la última semana el teléfono de atención a la Dependencia ha recibido en la última semana más de mil llamadas.

http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=33202

El Teléfono de Información sobre Dependencia recibe 1.852 llamadas desde su puesta en marcha

09/05/2007 11:54:50

Aragón Digital, 08.04.2007

El Teléfono de Información sobre Dependencia ha recibido 1.852 llamadas desde su puesta en marcha el pasado mes de enero. La mayoría de las consultas recibidas han sido para solicitar información sobre la nueva normativa y el perfil del usuario del servicio responde al de una mujer mayor de 65 años.

Zaragoza.- El Teléfono de Información sobre Dependencia ha recibido 1.852 llamadas desde su puesta en marcha. El objetivo de esta iniciativa, que comenzó su actividad el pasado mes de enero, es poner a disposición de la sociedad aragonesa una herramienta útil para informar y asesorar sobre todo lo relacionado con la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.

Durante estos meses, el 60% de las llamadas recibidas en el 900 38 39 40 fueron para pedir información general sobre la nueva ley. El 25,49% solicitaron datos sobre la solicitud de valoración del grado de dependencia (documentos necesarios, dónde se va a hacer…), mientras que el 6% se interesó por el tipo de ayudas que se van a recibir.

En cuanto al perfil de las personas que han utilizado este servicio, el 44,23% de las llamadas correspondieron a hijos o hijas de personas en situación de dependencia. En cuanto a la edad, el mayor porcentaje de consultas (58,51%) fue realizado por mayores de 65 años. La mayoría de las llamadas fueron hechas por mujeres.

El Teléfono de Información sobre la Dependencia es un servicio público para acercar la administración a los ciudadanos. El 900 38 39 40 es atendido por un equipo de profesionales formado específicamente en temas de promoción de la autonomía y atención a la dependencia para ofrecer la máxima información sobre todas las cuestiones que se puedan plantear.

Asimismo, en ese interés por dar una respuesta lo más amplia posible a las demandas de la sociedad, el teléfono atiende en un amplio horario, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 9 a 13 horas. Es un servicio gratuito, anónimo y confidencial al que puede acceder de una forma inmediata cualquier persona interesada en resolver todo tipo de dudas sobre la nueva normativa.

http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=32817

La mayoría de las CCAA ya han recibido las primeras solicitudes para evaluación

07/05/2007 11:35:51

Agencia EFE, 30.04.2007

La mayoría de las Comunidades Autónomas ya han recibido las primeras solicitudes para que se evalúe el grado de dependencia, pero en algunas se retrasará varios días, debido a que aún no están elaborados los formularios o a otros motivos.

Desde hoy los ciudadanos pueden solicitar que se evalúe su nivel de dependencia para saber a qué servicios y prestaciones económicas tienen derecho, tras la publicación, el pasado sábado, del real decreto que fija el baremo estatal de la Ley de Dependencia. Un anciano de 91 años con ambas piernas amputadas ha sido el primero en presentar su solicitud de evaluación en la Comunidad Valenciana, que desde el pasado sábado ya facilitaba los impresos en la web de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat.

También se puede hacer ya en el País Vasco -en los servicios sociales de los ayuntamientos, junto a un informe médico de atención primaria- y en Navarra, que aplicará desde hoy el baremo de la Ley de Dependencia y a las más de mil personas que desde enero se les aplicó el antiguo baremo se les homologará la evaluación, por lo que no deberán presentar una nueva solicitud.

Los madrileños también comenzaron a presentar hoy las peticiones, aunque según fuentes de la consejería de Familia y Asuntos Sociales "la aplicación informática común que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene que proporcionar a todas las regiones aún no está disponible, por lo que es imposible proceder a la baremación".

En Castilla y León, al ser festivo, podrá hacerse a partir de mañana y en Murcia desde el 1 de mayo. El plazo se amplía hasta mediados de mayo en Cataluña, ya que aún no ha procedido a la contratación de los equipos de valoración encargados de realizar esta tarea.

En Castilla-La Mancha no está claro cuándo se pondrá en marcha el mecanismo para evaluar la situación de dependencia, ya que según el director general de Atención a Personas Mayores y con Discapacidad, Javier Pérez, aunque ya se está "en disposición de empezar", se esperará hasta este jueves, cuando la Comisión Delegada del Sistema de Atención a la Dependencia consensúe "un calendario uniforme".

En el caso de que el acuerdo deseado sobre el calendario de evaluación no se produzca, se impulsará la puesta en marcha de todo el proceso a comienzos de la semana próxima.

Tampoco hay una fecha en Extremadura para iniciar este proceso, ya que se está pendiente de la aprobación del modelo que debe ser autorizado por la consejera de Bienestar Social, que lo hará a lo largo de esta semana, por lo que, según fuentes de la Consejería, es posible que a partir de la próxima semana se pueda hacer ya la solicitud. Los andaluces podrán solicitar a partir de la próxima semana en los servicios sociales comunitarios la evaluación de dependencia conforme al baremo recogido en el decreto aprobado el viernes último por el Gobierno, informó a EFE la Junta de Andalucía.

Igualdad y Bienestar Social concedió a los ayuntamientos andaluces más de 9,9 millones de euros para reforzar los servicios sociales comunitarios, entre otras cosas para la contratación de 268 profesionales que se ocuparán de las labores de información y asesoramiento sobre la puesta en marcha del sistema de dependencia. Además, esta Consejería dispondrá de órganos de valoración en cada una de sus delegaciones provinciales y de profesionales que estarán ubicados en cada Zona de Trabajo Social.

En Aragón será a partir de mañana cuando las personas se puedan acoger a los servicios que garantiza la Ley de la Dependencia y presentar sus peticiones ante el Gobierno aragonés, aunque éstas no se resolverán hasta que no se aprueben los reales decretos que permitan su desarrollo completo.

Por último, Baleares -que elevará el número de evaluadores en las próximas semanas- acordó el 2 de marzo iniciar la evaluación de los ciudadanos que se acogerán a la Ley de Dependencia con la aprobación de un decreto que otorga la consideración automática de dependientes a los discapacitados que necesitan atención por terceras personas.

Valcarce cree que la ayuda financiera a las CC.AA hará que estén a la altura para valorar a dependientes

07/05/2007 11:32:57

Europa Press, 30.04.2007

La secretaria de Estado de Asuntos Sociales Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, aseguró hoy que la ayuda financiera facilitada el año pasado por el Gobierno a las comunidades autónomas, unos 200 millones de euros, hará que estén a la altura para comenzar a valorar a las personas dependientes que lo necesiten.

Tras participar en la inauguración del VIII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, organizado por Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Valcarce recordó que hoy entra en vigor el baremo en base al cual los servicios sociales de las comunidades autónomas valorarán el grado y nivel de dependencia, por lo que los ciudadanos pueden comenzar ya a solicitar esta valoración.

Para ello, recomendó a todo aquel que esté interesado en una valoración que se informe primero a través de los servicios sociales de cada comunidad autónoma o utilice el teléfono de información habilitado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (900-40-60-80). "Hoy podemos felicitarnos porque se pone en marcha una herramienta esencial -aseguró-. Los ciudadanos pueden solicitar ya su valoración".

En este sentido, manifestó su deseo de que los plazos que transcurran desde la valoración a la efectiva aplicación del servicio (este año sólo para los grandes dependientes) sean breves. Mientras tanto, también explicó que el próximo jueves se reunirá la Comisión delegada (de carácter técnico) del Consejo Territorial de la Dependencia para seguir buscando el consenso en torno al Real Decreto sobre financiación y los acuerdos sobre copago y prestación de servicios.

Durante su intervención, recordó que el Ejecutivo ha propuesto una financiación nueva de 1.014 euros de media para cada gran dependiente, que también podrán traducirse en un sueldo de hasta 780 euros para la asistencia personal o en 561 euros en caso de que el cuidador sea el familiar.

Por su parte, la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Beatriz Elorriaga, que también participó en la inauguración, criticó al Ejecutivo porque, a su juicio, debería haber tenido más en cuenta a las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia.

"Deberíamos haber sido escuchadas de manera más directa", insistió, al tiempo que aseguró que ello ha implicado un comienzo de andadura con "dudas y complicaciones", aunque con "sincera voluntad de colaboración. En todo caso, recordó que la Comunidad de Madrid dedica a la atención a dependientes y sus familias 700 millones de euros anuales. Así, recalcó que la Comunidad de Madrid presta atención a 465.000 personas dependientes y a 72.000 familias.

Mientras, la concejala de Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, aseguró que está "expectante" por conocer los desarrollos reglamentarios de la Ley de Dependencia, en especial el nivel mínimo garantizado y cuál va a ser el copago. Botella también apuntó que el municipio atiende a 100.000 personas mayores con algún grado de dependencia.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

Las tres responsables políticas que intervinieron en la inauguración de este Congreso apostaron también por las políticas de envejecimiento activo. Así, Valcarce subrayó que este año habrá más de un millón de plazas en el programa de vacaciones y 200.000 en el de termalismo.

El presidente de CEOMA, Eduardo Rodríguez Rovira, recordó que el VIII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores se centrará en la revisión de cumplimiento del Plan de Acción Internacional de la II Asamblea Mundial del Envejecimiento (PAIM) y de las Recomendaciones del Foro Mundial de ONG paralelo. En total, 48 entidades de toda España se dan cita en un encuentro que apostará por el "envejecimiento activo y la no discriminación por razón de edad.

El Gobierno de Navarra decide recurrir la Ley de Dependencia

04/05/2007 15:14:14

Agencia EFE, 12.03.2007

El Gobierno de Navarra acordó hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Dependencia al considerar que determinados de sus preceptos "vulneran competencias exclusivas de la Comunidad Foral en materia de asistencia social".

Los preceptos que se recurren son tanto artículos como disposiciones finales referidas al nivel de protección acordado, aquel que se desarrolla y financia mediante convenios entre el Estado y las comunidades autónomas.

La ley prevé tres niveles de protección, uno mínimo o básico, financiado y garantizado por el Estado; un segundo nivel, el acordado, y un tercero, llamado adicional, propio de cada comunidad y financiado íntegramente por cada autonomía.

Según el Gobierno de Navarra, el nivel acordado "no garantiza la igualdad en toda España y, por tanto, no cabe regularlo" en aplicación del artículo constitucional que otorga al Estado las competencias para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

"Esto supone que el Estado únicamente podrá regular aquello directamente relacionado con éstos", afirma el acuerdo aprobado, y precisa que no se recurre el nivel mínimo de derechos y prestaciones, que queda garantizado para toda España, sino "todo aquello que va por encima de este nivel, ya que vulnera las competencias en materia de servicios sociales de la Comunidad Foral".

Hay un segundo bloque de artículos de la ley de dependencia que también serán objeto de recurso por considerar que "no regulan el Derecho sino el marco organizativo y el ámbito material, lo que recorta las competencias de las Comunidades Autónomas y no se puede amparar" constitucionalmente.

En todo caso, el Gobierno puntualiza que se trata de un recurso "ad cautelam" puesto que finaliza el plazo para interponerlo y está pendiente el informe solicitado al Consejo de Navarra.

Además tampoco descarta que pueda reunirse la Junta de Cooperación Navarra-Estado, si lo entiende conveniente la Administración General del Estado, para poder tratar sobre estos desacuerdos.

Gobierno aprueba baremo estatal para determinar grado y nivel dependencia

04/05/2007 14:57:14

Terra, 20.04.2007

El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto que fija el baremo estatal que servirá a las comunidades autónomas para evaluar a sus ciudadanos, determinar su grado y nivel de dependencia y saber a qué servicios y prestaciones económicas tienen derecho.

Cuando este Real Decreto se publique en el BOE, el sistema de dependencia estará oficialmente en marcha y los ciudadanos podrán empezar a someterse a las evaluaciones necesarias de este baremo.

No obstante, tras la reunión del Gabinete, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que este año, tan sólo se otorgarán ayudas a los grandes dependientes, aunque sabemos que la ley de dependencia está generando muchas expectativas y esperanzas para muchas familias y que los ciudadanos tienen prisa lógica por beneficiarse de ella.

Para la vicepresidenta, el arranque del sistema de dependencia es una conquista sin vuelta atrás y una magnífica noticia para un millón de dependientes, ya que hasta ahora sólo el 6,5 por ciento de las familias con dependientes tenían ayudas públicas.

Recordó que el baremo fue acordado en el Consejo Territorial de la Dependencia entre el Gobierno y las autonomías y valoró el espíritu de acuerdo y colaboración de las comunidades autónomas.

Los criterios que establece este baremo se revisarán dentro de un año, para adecuarlo a la realidad, añadió.

La vicepresidenta explicó que este instrumento de valoración distingue entre las discapacidad física, psíquica, y mental, e identifica el nivel de autonomía de los ciudadanos en sus actividades básicas diarias.

Así, los servicios sociales de cada comunidad autónoma analizarán actividades y capacidades concretas tales como comer y beber (si el dependiente coordina, si puede cortar los alimentos y consumirlos, abrir botellas o latas o usar cubiertos, entre otros aspectos) y si puede defecar y orinar sólo y en utilitarios normales o adecuados.

También analizarán el nivel de autonomía del futuro usuario en la higiene personal (si puede lavarse y secarse todo el cuerpo, o sólo algunas partes, entre otros aspectos) y en las tareas para ponerse y quitarse ropa y el calzado en el orden correcto y de acuerdo con las condiciones climáticas y sociales.

Además, estudiarán si el dependiente puede cuidar de sí mismo y si es consciente de sus propias necesidades (si puede reaccionar frente a los riesgos de la salud, prevenir enfermedades o buscar asistencia médica, entre otros) y el grado de movilidad de su cuerpo en acciones cotidianas como sentarse, tumbarse, ponerse de pie, trasladarse de un lugar a otro o desplazarse dentro del hogar.

Tras este estudio, el ciudadano recibirá una evaluación de hasta cien puntos que le definirá como persona dependiente en los siguientes grados: grado 1 o dependencia moderada (de 25 a 49 puntos), grado 2 o dependencia severa (de 50 a 74 puntos) y grado 3 o gran dependencia (de 75 a 100).

Cada uno de estos grados está dividido en dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado.

En la evaluación se hará especial hincapié en las discapacidades intelectuales y mentales, según la referencia del Consejo.

El Real Decreto incluye un baremo para menores de tres años que comparará su nivel de autonomía con niños sanos de la misma edad.

La dependencia de los menores se dividirá en grados pero sin niveles, y regulará revisiones a los 6, 12, 18, 24 y 30 meses.

El baremo específico para menores de tres años se centra en la evaluación de las variables de desarrollo de los menores y en las necesidades de apoyo en salud.

Ambos baremos (el de adultos y el de niños) cuentan con el respaldo del Consejo Nacional de la Discapacidad, el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Estatal de ONG, el Comité Consultivo del Sistema de Dependencia y con el dictamen favorable del Consejo de Estado.

¿Y SI RECICLAMOS AL ABUELO? PROPUESTAS PARA QUE LOS MAYORES DE 65 AÑOS SIGAN ACTIVOS EN LA SOCIEDAD

03/05/2007 17:05:20

EXPANSION, 03.05.2007

La población mundial envejece de forma imparable, por lo que prolongar la vida útil de los mayores de 65 años se está convirtiendo en una prioridad (social y económica). Paralelamente, los ancianos deben esforzarse para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. ÁNGELES GÓMEZ.Madrid Muchas situaciones de la vida, incluso las más desfavorables, se pueden adaptar a unas nuevas condiciones. Entonces, ¿por qué inutilizar a las personas cuando llegan a los 65 años Sobre todo en un momento en el que se puede gozar de una buena calidad de vida hasta edades muy avanzadas. La necesidad de que las personas mayores sigan contribuyendo a la economía y a la sociedad es cada vez mayor. Los progresos sociales y médicos han permitido aumentar la esperanza de vida de la población mundial, hasta el punto de que los demógrafos de la ONU calculan que en 2050 habrá más de mil millones de mayores de 60 años de los 9.200 millones de habitantes del planeta. En España, el 17% de la población El envejecimiento exige políticas globales para responder al desafío mundial que representa (7,2 millones) supera los 65 años, proporción que llegará al 30,8% en 2050, por lo que nuestro país será, por detrás de Japón, el más envejecido del mundo. El envejecimiento supone una transformación a todos los niveles y requiere políticas globales para responder al desafío mundial que representa. En la Unión Europea, muy pocos mayores desempeñan una actividad laboral, lo que supone ¿un derroche de oportunidades para las personas y de potencial para la sociedad¿, asegura Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma). ¿Las personas mayores ofrecen recursos valiosos que son ignorados en muchas ocasiones¿. Lo anterior también exige Cifras al alza Un grupo de personas mayores en un taller de iniciación a Internet. / Manu Mielniezuk (Qué!) al mayor un esfuerzo por adaptarse a una sociedad tan cambiante como la actual, en la que las nuevas tecnologías, especialmente las de la comunicación, desempeñan un papel crucial, sobre todo Internet. ¿Es necesario que las personas mayores se esfuercen por familiarizarse con las nuevas tecnologías para no quedarse atrás, porque aquí es donde comienza la dependencia¿, insiste José María Alonso, director general del Mayor de la Comuni- dad de Madrid. Además, en una sociedad marcada por una fuerte inmigración, ¿el mayor se erige en referente para la transmisión de nuestra cultura. Los mayores deben exigir su participación activa en la sociedad y también en los órganos de decisión política, puesto que su nivel cultural es cada vez más alto¿. Envejecimiento e inmigración son dos constantes en la escena española. Muchos ven en los inmigrantes la solución para el mantenimiento de las pensiones y un elemento corrector del envejecimiento, pero ¿para que fuera así, sería necesaria una cantidad impensable de inmigrantes. Lo cierto es que el proceso migratorio ha influido más en Los mayores deben familiarizarse con las nuevas tecnologías para no quedarse atrás, y así retrasar la dependencia los factores económicos que en los demográficos¿, aseguró el catedrático Rafael Puyol, vicepresidente de la Fundación Empresa durante su participación en el VIII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, celebrado en Madrid. Puyol aludió al fenómeno de la gerontoemigración, protagonizada por los emigrantes que han retornado a España en los últimos años (aproximadamente, medio millón) y por los jubilados extranjeros Violencia contra ancianos El maltrato a los ancianos es una realidad poco difundida, aunque los datos son escalofriantes: según la OMS, 36 millones de mayores sufren agresiones, y el 80% del maltrato sucede en los países desarrollados. En España¿hay unos dos millones de personas dependientes, y el 8% sufre maltrato. Estas cifras son similares a las de otros países de nuestro entorno, aunque sólo se denuncia el 1% de los casos¿, asegura Ramona Rubio, catedrática de psicogerontología de la Universidad de Granada. La edad avanzada, la dependencia y ser mujer son factores de riesgo para sufrir maltrato físico y emocional, que en la mayoría de los casos inflige el cuidador. Entre las estrategias para reducir las agresiones, Rubio propone el desarrollo de servicios de apoyo para las familias que contribuyan a paliar el estrés del cuidador; favorecer el contacto social de las familias y establecer unas escalas de dotación del maltrato. El maltrato en ancianos es más frecuente en la mujer. ¿ En España, el número de personas que sobrepasa los 65 años se ha duplicado en las tres últimas décadas. ¿ Los octogenarios se han multiplicado por doce: en 1900 había 115.000 frente a los 1,5 millones actuales. En 2050 habrá 4,1 millones. ¿ Un estudio del INE revela que cada mes 35.000 españoles llegan a los 65 años, y que cada año, 10.000 personas alcanzan la edad de 100 años. ¿ El Foro Mundial sobre Envejecimiento insta a los gobiernos y a la sociedad civil a que reconozcan la capacidad de las personas mayores para contribuir al desarrollo social. que han fijado su residencia en España (en 2005, había más de 300.000). En este contexto, recordó que en la década de 1950 se produjo el éxodo rural hacia las grandes ciudades, provocando el envejecimiento de los pueblos. ¿Ahora, el 60% de éstos regresa a sus localidades de origen, aunque el retorno no siempre es definitivo¿. Con todo, la gestión del envejecimiento ¿que ¿no es un problema, sino una conquista social¿, según Rafael Puyol¿ exige una mayor imLa exclusión de los mayores del mercado laboral es un derroche de potencial para la sociedad plicación de los gobiernos, que deben desarrollar políticas que contribuyan a la solidez de las pensiones, la jubilación flexible, promoción de la salud, defensa de los derechos humanos y no discriminación por razón de edad.

La enfermedad de Alzheimer representa el tercer problema sociosanitario en España

03/05/2007 15:59:38

Jano On-line y agencias,
21.09.2005

La enfermedad de Alzheimer se ha convertido en el tercer problema sociosanitario en España, tras los accidentes cardiovasculares y el cáncer, según resaltó en un comunicado el Grupo Novartis, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Alzheimer.

Según la compañía farmacéutica, los progresos en el campo de la medicina, con el consiguiente aumento de la longevidad y el incremento en el número de personas mayores de 80 años, implica el aumento de las previsiones de crecimiento de estas enfermedades. En España hay unos 600.000 enfermos de Alzheimer diagnosticados, aunque se calcula que la cifra total de afectados puede alcanzar los 800.000.

Esta enfermedad, cuya frecuencia aumenta exponencialmente con la edad, requiere campañas de concienciación ciudadana al respecto, planes de atención médica y programas de cuidados sociosanitarios. La OMS considera la enfermedad de Alzheimer como una patología degenerativa cerebral primaria, de origen desconocido, que presenta unos rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos.

Una de las mayores dificultades en el abordaje de esta enfermedad es el diagnóstico precoz, ya que al inicio sus síntomas pasan desapercibidos o se confunden con las consecuencias lógicas de la vejez. A este respecto, los expertos subrayan que la enfermedad de Alzheimer no es sólo pérdida de memoria o de otras funciones cognitivas (lenguaje, orientación) sino que produce una gran cantidad de síntomas conductuales y psicológicos (depresión, apatía, agitación, agresividad, insomnio) y una importante pérdida de autonomía funcional y limitación para llevar a cabo una vida independiente en el terreno laboral, familiar o social.

"No existe un tratamiento curativo de la enfermedad de Alzheimer, ya que se desconoce su causa, pero sí se dispone de tratamientos útiles y eficaces para el control de los síntomas. Con estos tratamientos se llega a mejorar la calidad de vida de los pacientes y, por tanto, también la de los cuidadores", concluye Novartis.

La ley de dependencia creará más de 260.000 puestos de trabajo

27/04/2007 18:43:50

Las Minorias, 25.04.2007

La ley de dependencia creará más de 260.000 puestos de trabajo

La Ley de Dependencia creará en los próximos tres años 262.000 puestos de trabajo en España, según un informe del Centro de Investigación Polibienestar de la Universitad de Valencia.
Este creación de empleo se explica por el aumento de los servicios sociales que se activarán para dar cobertura a las más de 3.200.000 personas que no podrán valerse por sí mismas y que necesitarán cuidados especiales para llevar a cabo las actividades de la vida diaria.
El estudio detalla que en España habrá, en 2010, un total de 1.246.429 personas dependientes y 1.991.461 personas con necesidad de ayuda y/o algún tipo de discapacidad para realizar actividades diarias.
Señala además, que de las personas dependientes, un total de 602.636 tendrán un grado moderado de dependencia, 420.336 un grado de dependencia severa y 223.457 gran dependencia.
El Instituto Polibienestar indica también que el 97,6% de las personas con un alto grado de dependencia serán usuarios de los recursos formales y sólo el 2,4% recurrirán a la atención informal.
El director del Instituto Polibienestar , Jordi Garcés, asegura que todas estas cifras avalan el fuerte impacto que tendrá la Ley, ya que el Estado recibirá retornos por afiliaciones y cotizaciones en el Sistema Estatal de Seguridad Social y permitirá regularizar la situación social y económica de un elevado sector poblacional. Garcés no duda en apuntar que uno de los datos más significativos de sus estadísticas es el referido a la mejora laboral de unos 115.000 asistentes informales. “Si algo está claro es que con la entrada en vigor de la nueva normativa aflorará la economía sumergida y muchos cuidadores familiares -de los que el 83% son mujeres e inmigrantes- tendrán un sueldo y derecho a seguridad social”.

España tendrá la población más envejecida de la Unión Europea en 2050

26/03/2007 12:46:13

EL PAÍS, 23.04.2007

Los Veinticinco necesitarán 50 millones de trabajadores para mantener el crecimiento

España será el país de la Unión Europea que registrará un mayor envejecimiento desde ahora hasta 2050. Para esta fecha, el 36% de la población española tendrá más de 65 años, mientras que en el conjunto de los Veinticinco, los mayores de esta edad representarán el 30%. Es decir, tres personas de cada diez tendrán más de 65 años. Estos datos divulgados ayer por Eurostat, la oficina estadística de la UE, revelan que la proporción de mayores en edad de jubilación se habrá doblado respecto a 2005. Ahora, tanto en la UE como en España, representan el 17% de la población.

La población de más 65 años en los Veinticinco pasará de 75 millones de personas en 2005 a casi 135 millones en 2005, según los cálculos de Eurostat. Dentro de 40 años, los países con mayor proporción de habitantes por encima de esa edad, después de España, serán Italia, (35% de población mayor de 65 años); Alemania, Grecia y Portugal (32%), y los menos Luxemburgo, (22%), Holanda (23%), Dinamarca y Suecia (24%).

Afrontar los retos del envejecimiento es uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa que promueve la Comisión Europea. El último informe sobre esta iniciativa, "Es hora de acelerar", presentado por el presidente del Ejecutivo Comunitario, José Manuel Durao Barroso, a principios de año, hacía especial hincapié en los efectos económicos de los cambios demográficos que representa el envejecimiento. "Los trabajadores europeos", señalaba el informe, "pasarán de los aproximadamente 300 millones de trabajadores que son hoy día, a 250 millones en 2050". El documento subrayaba que "la reducción de la mano de obra representará un freno al crecimiento potencial, reduciéndolo del 2% o 2,5% actual a sólo el 1,25%". (El último dato de crecimiento europeo es del 2,7%).

El reto del envejecimiento fue abordado más recientemente por el Consejo de Cooperación Económica, que agrupa a las grandes empresas del sur de Europa, y que el pasado junio presentó un trabajo a Barroso, en el que, entre otras propuestas, sugerían "recurrir de manera más amplia a la inmigración económica", tanto de trabajadores intracomunitarios como extracomunitarios. Por otra parte, un estudio del Banco de España señalaba que la entrada de 4,3 millones de inmigrantes en España desde 1998, había sido decisiva para el crecimiento económico y el retraso del déficit del sistema público de pensiones de 2012 a 2025.

Los datos publicados ayer muestran también las diferencias registradas en esperanza de vida sana a partir de los 65 años en los distintos Estados Miembros. En 2003, la esperanza media de vida en buenas condiciones de salud en la UE de los Quince fue de 10,1 años para los hombres y 10,7 años para las mujeres. Los países con mejores expectativas de salud para este sector de la población fueron Chipre con 12,6 años para los hombres, e Italia con 14,4 para las mujeres. Los países menos saludables para los hombres fueron Hungría, (6,1 años), Finlandia (6,5 años) y Francia y el Reino Unido con (8,2 años). Para las mujeres, Finlandia, (7,1 años) y Hungría, (7,2 años) registraron los peores resultados.

La proporción de personas de entre 60 y 64 años que permanecía empleada en Unión Europea en 2005 era del 26,7%. Los países con mayor tasa de actividad de los mayores en este segmento de edad fueron Suecia (56,8%); Estonia, (43,9%), Irlanda (42,9%) y el Reino Unido (42,0%). En España, entre 60 y 64 años sólo trabajaba el 31, 8%.
Por otra parte, continúan trabajando un 8,2% de los mayores comprendidos entre 65 y 69 años en el conjunto de la UE. En este segmento, destaca Portugal donde continúan trabajando un 28,4% de esta franja de población, mientras que en España ya sólo trabajan un 4,4 de las personas comprendidas entre estas edades.

El informe de Eurostat refleja que los mayores de 65 años disfrutan de más tiempo libre que el conjunto de la población. También se constata que en general los hombres mayores tienen más tiempo libre que las mujeres. En España los hombres de más 65 años disponen de una media de 8,06 horas diarias de tiempo libre, dos horas más que las mujeres, (6,05).